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 El objetivo de la petición de los republicanos es afectar la carrera presidencial de Joe Biden, del Partido Demócrata.

El objetivo de la petición de los republicanos es afectar la carrera presidencial de Joe Biden, del Partido Demócrata. | Foto: EFE

Publicado 2 noviembre 2020


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Hasta el momento hay un récord de 1.4 millones de votos anticipados emitidos en todo el condado en lo que va de esta elección.

Un juez federal rechazó este lunes un último esfuerzo de representantes del Partido Republicano para invalidar más de 100.000 boletas emitidas en nuevos lugares de votación en el condado de Harris, Texas. El objetivo de la petición de los republicanos es afectar la carrera presidencial de Joe Biden, del Partido Demócrata.

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Andrew Hanen, el juez en cuestión, destacó que los demandantes en el caso carecen de legitimación para impugnar el uso de 10 lugares de votación para autoservicio establecidos por primera vez este año en el condado.

La decisión de Hanen se basó en el precepto legal de que una persona que presenta una demanda debe demostrar que fue perjudicada por una acción, no solo que la acción en sí misma pudo haber sido ilegal.

 

Sin embargo, Hanen también dijo que la demanda de los republicanos, que se presentó a fines de la semana pasada, no fue oportuna y que no estaba claro que los votos emitidos en los sitios de drive-thru fueran ilegales, incluso si los sitios en sí mismos pudieran serlo.

El condado de Harris en Houston, que es el tercer condado más grande de la nación, estableció los lugares de votación desde el automóvil para brindar una alternativa a los votantes preocupados por visitar centros de votación completamente cerrados durante la pandemia de coronavirus.

Hasta ahora, se han emitido alrededor de 127.000 votos en esos lugares, lo que contribuye al récord de 1.4 millones de votos anticipados emitidos en todo el condado en lo que va de esta elección.

La ley de Texas permite votar en la acera a personas enfermas, discapacitadas o que puedan tener problemas de salud para votar en interiores. Los demandantes en el caso habían dicho que “el miedo general o la falta de inmunidad de un votante contra la Covid-19 no es una discapacidad según la definición del Código Electoral”.


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