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Se calcula que más de 27.000 indígenas han sido afectados por los derrames del pasado mes de abril en la Amazonía ecuatoriana.

Se calcula que más de 27.000 indígenas han sido afectados por los derrames del pasado mes de abril en la Amazonía ecuatoriana. | Foto: EFE

Publicado 3 septiembre 2020


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La Justicia negó acción a favor de comunidades afectadas por un derrame petrolero en abril en la Amazonía ecuatoriana.

El juez de la Unidad Judicial de la región Amazónica de Ecuador, Jaime Oña, negó este miércoles una acción de protección y medidas cautelares a favor de unos 27.000 indígenas de unas 105 comunidades kichwas, quienes fueron afectados por un derrame petrolero ocurrido el pasado 7 de abril.

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La decisión judicial se produce cuando la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, quien participó en la presentación del recurso para demandar al Estado y las compañías responsables del hecho, ha reconocido que este derrame sería "considerado uno de los peores en los últimos 15 años". 

De acuerdo al reclamo, entre las compañías responsables del derrame petrolero se encuentran la empresa pública Petroecuador, la privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y los ministerios de Energía, Ambiente y Salud Pública. 

El juez Oña determinó que "es innegable que se produjo un derrame de crudo por la ruptura de los oleoductos", el cual afectó a las poblaciones que viven junto a los ríos Coca y Napo, pero consideró que no se ha logrado demostrar la vulneración en los alegatos presentados.

El magistrado sostuvo que "la acción planteada no cumple con lo que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque la sola afirmación de que se está produciendo una violación a sus derechos no es suficiente elemento para el acceso a la vía constitucional".

Sin embargo, la Alianza por los Derechos Humanos alega que en el proceso se presentaron testigos y habitantes de las comunidades afectadas, las cuales relataron que desde que ocurrió el derrame en abril "no pueden usar el río ni obtener agua y alimentos porque éstos apestan a petróleo". 

Asimismo, fueron presentadas unas 60 pruebas documentales, conformadas por informes oficiales, peritajes antropológicos, videos, entre otras.

Las organizaciones de Derechos Humanos señalan que en los poblados afectados, varias personas tuvieron diversos padecimientos de salud, en especial niños, adolescentes y mujeres. Algunos padecimientos son de carácter dérmico, probablemente debidos al contacto continuo con el agua, según las entidades.

La abogada María Espinosa, que representa a la alianza de organizaciones demandantes, lamentó que en su dictamen el juez "ha hecho un pronunciamiento nulo sobre los derechos constitucionales y humanos comprometidos". 

Las afectaciones se remontan a los hechos acontecidos el pasado 7 de abril, cuando ocurrió el rompimiento de tramos del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), el cual transporta el petróleo y derivados desde la Amazonía a Esmeraldas, provincia de la costa y la ruptura originó el derrame que contaminó las cuencas de los ríos Coca y Napo.


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