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El Gobierno de facto ha sido criticado por la compra de insumos inadecuados, la poca garantía económica a las personas más necesitadas y la militarización del país a raíz de la Covid-19.

El Gobierno de facto ha sido criticado por la compra de insumos inadecuados, la poca garantía económica a las personas más necesitadas y la militarización del país a raíz de la Covid-19. | Foto: EFE

Publicado 20 mayo 2020



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Este miércoles se confirmó la creación de comisiones para investigar los diferentes casos de corrupción, medida respaldada por representantes de ambas cámaras del legislativo.

El ministro del Gobierno de facto de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, se presentó este miércoles a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para declarar de forma voluntaria por la investigación sobre la compra presuntamente irregular de 170 respiradores.

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De acuerdo con medios locales, Navajas llegó a las oficinas de la fuerza anticrimen acompañado del director nacional de esta repartición policial, Iván Rojas. Allí se dirigió a la oficina donde se reciben las declaraciones del caso.

Asimismo, minutos antes de la llegada del ministro a la Felcc, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, presentó una denuncia contra Navajas por el presunto sobreprecio en la compra de los respiradores, que costaron unos 4,7 millones de dólares totales.

El titular de facto de Salud declara dentro de la investigación que, hasta el momento, tiene cuatro detenidos: dos funcionarios de esa cartera de Estado y dos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instancia que financió la compra y se encargó del traslado de los equipos.

Hasta el momento ninguna autoridad ha revelado si Marcelo Navajas se encuentra en calidad de testigo o acusado.

Desde la semana pasada varias voces han denunciado el elevado precio de los respiradores. Entre ellas, el expresidente boliviano Evo Morales se refirió a que esos equipos no servían para los pacientes de la Covid-19.

Asimismo este miércoles la diputada por el MAS, Betty Yañiquez, dijo que el gobierno de facto de debe responder ante la justicia por al menos 35 actos de corrupción.

“El pueblo está exigiendo transparencia, son 35 casos de corrupción en tan pocos meses, en ese sentido lo que hará la Asamblea es cumplir con la Constitución Política del Estado y entre sus atribuciones está la fiscalización”, dijo Yañiquez citada por la web oficial de la Cámara de Diputados.

Según la legisladora, deben ser investigados los ministerios de Defensa, Salud y otras instancias del Estado por hechos agravados durante la emergencia sanitaria como consecuencia de la Covid-19.


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