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En La Esperanza, el lunes, la población salió a la calle a protestar por lo que consideran un caso de violencia policial que terminó en la muerte de la joven universitaria.

En La Esperanza, el lunes, la población salió a la calle a protestar por lo que consideran un caso de violencia policial que terminó en la muerte de la joven universitaria. | Foto: Twitter: Copinh

Publicado 9 febrero 2021



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En Intibucá, manifestantes salieron a la calle a reclamar justicia para la joven muerta en una celda policial.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció que la muerte de la joven universitaria Keyla Patricia Martínez constituye un crimen de Estado por haber ocurrido en una celda de la Policía Nacional de ese país.

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El comunicado de la Copinh expresa que "el Gobierno de Honduras es responsable de la muerte de Keyla Patricia Martínez, este es indudablemente un crimen de Estado, una ejecución extrajudicial y un feminicidio ejecutado por miembros de la policía ubicados en la Unidad Policial UDEP de la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá" (150 km al oeste de Tegucigalpa).

La joven de 26 años de edad, quien estudiaba la licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue detenida por la policía hondureña a las 23H30 local del viernes último (05H30 del sábado UTC), ingresada en una celda 10 minutos más tarde y encontrada moribunda en el interior de la misma a las 03H30 del día siguiente (09H30 UTC), según la versión policial.

Entretanto, Nancy Martínez, hermana de la joven, exigió este lunes que se esclarezca la muerte de Keyla: "Mi hermana murió a manos de los policías de La Esperanza, Intibucá, son unos violadores de los derechos humanos. No es cierto que ella estaba borracha y protagonizando escándalos". Agregó que la estudiante de enfermería no tenía ningún motivo para quitarse la vida y que nunca mostró instintos suicidas, de acuerdo al diario local "La Prensa".

En adición, el Copinh dio a conocer que el "personal del hospital departamental confirmó que Keyla llegó sin vida, contrario a lo que ha dicho la Policía Nacional en su comunicado público; el asesinato de Keyla ha despertado una ola de denuncias de mujeres, por haber sido robadas sus pertenecias y abusada sexualmente en el marco del toque de queda instaurado por el régimen de Juan Orlando Hernández", según el movimiento social.

El comunicado recuerda que a menos de un mes del quinto aniversario del asesinato de la líder ambientalista indígena y lideresa del Copinh, Berta Cáceres, se "repite un feminicidio a manos del Estado hondureño".

La Copinh exigió la realización de un examen forense exhaustivo que determine la forma en que murió la joven y reclamó la identificación de los miembros de la policía departamental de La Esperanza que participaron en la captura, detención y encarcelamiento de Martínez. La víspera, manifestantes salieron a las calles de La Esperanza a reclamar justicia en este caso.
 


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