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Aún no existe investigación ni juicio contra las personas que financiaron y dieron la orden de asesinar a Berta Cáceres.

Aún no existe investigación ni juicio contra las personas que financiaron y dieron la orden de asesinar a Berta Cáceres. | Foto: Twitter @boltxe (Foto de referencia)

Publicado 22 agosto 2020


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El presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo, podría ser liberado. 

La familia de la activista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, denunciaron que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras prepara un complot para liberar a Roberto David Castillo, señalado como uno de los autores intelectuales del crimen.

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A la denuncia de la familia se sumó su equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Los allegados a Berta cuestionan la decisión de la CSJ de remover a  la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas, calificándolo como “un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones de continuidad de impunidad para los autores intelectuales del crimen: la familia Atala Zablah”.

“Las actuaciones de la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de David Castillo", indicaron en su denuncia pública.

"Prueba de esto, han transcurrido cerca de un año cuatro meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público”.

De acuerdo con los denunciantes, el proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del poder judicial.

“Todo el retraso promovido de mala fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a Daniel Atala Midence, Jose Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah”.

“En el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia; chats, llamadas, mensajes de texto, fotos, ubicaciones GPS, escuchas telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah". 

"La prueba es clara, contundente y concluyente”, apuntan los allegados de Berta.

El reclamo puntual es que la defensa de David Castillo busca obstaculizar la realización del juicio oral y público, y así evitar que esta información salga a la luz pública. 

Además, critican que: “El cambio de juez rompe el principio de inmediación del proceso judicial. Lo que somete al proceso a formas de manipulación y argucias procesales”.

“En términos probatorios todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a manipulaciones por parte de la defensa que levantan una absoluta preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la impunidad”.

“Hoy más que nunca necesitamos juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta, cómplices y parte de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la vida a este pueblo” sentencia la familia de Berta y el Copinh.

La primera condena por este caso se obtuvo el 29 de noviembre de 2018 en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.


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