La Corte de Apelaciones de Honduras rechazó este miércoles el caso de impugnación contra el Tribunal que lleva el juicio del asesinato de la activista Berta Cáceres, recurso judicial presentado por la defensa al no encontrarse conforme con el trabajo desempeñado por los jueces de esa instancia.
Ante la negativa del fallo, las audiencias seguirán bajo la dirección de los mismo magistrados, quienes presiden la investigación. Pese a que la familia ha denunciado en diferentes oportunidades que existen "incógnitas e imparcialidad entorno a la investigación".
"Ahora el juicio debe seguir con el mismo Tribunal que ha violentado el debido proceso", denunció el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en referencia al rechazo de la recusación.
>> Suspenden juicio sobre asesinato de Berta Cáceres en Honduras
Honduras: En suspenso juicio sobre el asesinato de Berta Cáceres.
— COPINH (@COPINHHONDURAS) 26 de septiembre de 2018
ACTUALIZACIÓN: Este 26 de septiembre, La Corte de Apelaciones declaró sin lugar el recurso de recusación presentada en contra de la Sala I del Tribunal de Sentencia, en el caso del... https://t.co/eJFVHLaYT8
Asimismo, manifestaron su preocupación ante el hecho, ya que a su juicio esto constituye el cierre del sistema judicial del país, y reduce las posibilidades de un proceso justo para la resolución del asesinato de Cáceres ocurrido en marzo de 2016.
La Copinh subrayó que pese a la decisión de la Corte velarán porque los juicios orales se hagan de manera correcta, al tiempo que señalaron que no descartarán denunciar cualquier nueva irregularidad.
"Ahora van a tener que tener más cuidado con sus decisiones, debido a que con el antecedente de la recusación saben que los vamos a denunciar por todas las arbitrariedades que realicen", advirtió la organización indígena hondureña.
Tras el asesinato violento de la líder indígena de la comunidad lenca Berta Cáceres, hace más de dos años, solo se han procesado a nueve presuntos responsables del crimen en un juicio en el que se han suspendido numerosas audiencias, lo que llevó a los familiares de la víctima ha interponer el recurso de recusación por las irregularidades del debido proceso.
Además, el Tribunal ha negado el carácter político que tiene el homicidio, de la también activista ecológica, quien días antes de su asesinato denunció a la corporación Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) por iniciar la construcción de un proyecto hidroeléctrico en un territorio que pertenecía a la comunidad indígena lenca de Honduras.
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