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Ninguna autoridad del Gobierno de facto ha sido procesada legalmente a pesar de las evidencias de corrupción y las pérdidas millonarias que causó..

Ninguna autoridad del Gobierno de facto ha sido procesada legalmente a pesar de las evidencias de corrupción y las pérdidas millonarias que causó.. | Foto: Prensa Latina

Publicado 7 julio 2022



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El ministro de Economía de Bolivia afirmó que “el bajón del 2020 (…) no se había visto en más de cuatro décadas”.

El Gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia, cuya gestión se extendió desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020, ocasionó más de 4.000 millones de dólares en pérdidas económicas, comunicaron este jueves las autoridades.

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El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que “estamos reconstruyendo la economía. El bajón del 2020 con una variación porcentual del menos 9 por ciento, no se había visto en más de cuatro décadas. Es un bajón de más de 4.000 millones de dólares”.

Asimismo, Montenegro señaló que el país ha de “exportar o morir. Y se dio un balazo en el zapato porque no pudo cumplir ese esquema de manejo de la economía. Ya el primer trimestre de 2020, sin pandemia, la economía no crecía”.

 

Por su parte, el miembro de la Comisión Económica de Diputados, Omar Yujra, comunicó que “nos estaban dejando un 12,7 por ciento en déficit fiscal, el más alto de las últimas décadas. En su momento, Bolivia lideraba el crecimiento en el primer lugar (…) bajando al séptimo lugar en la región”.

En la brusca caída económica incide la adenda firmada el 5 de marzo al contrato de venta con la empresa brasileña Petrobras, donde se bajan las nominaciones y Bolivia comienza a pagar el costo del transporte, lo cual representa más de 70 millones de dólares.

El Gobierno de facto restituyó políticas neoliberales de choque y paralizó más de 5.000 proyectos a partir de la reducción de la inversión gubernamental mediante la privatización de empresas públicas.

A pesar de las pruebas que evidencian las prácticas corruptas del Gobierno de facto, aún no ha sido procesada legalmente ninguna autoridad del mismo por los cuantiosos daños económicos causados, los cuales se reflejan directamente en la calidad de vida del pueblo boliviano.


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