El nombramiento se había producido por una resolución dese el Legislativo aprobada por una mayoría de 70 votos.
El ministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez, desestimó la decisión de la Asamblea Nacional de nombrar a Raúl González, como Superintendente de Bancos, al asegurar que no se corresponde con una orden judicial.
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Respecto al nombramiento, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, había posicionado de manera virtual a González, luego de aprobarse una resolución con mayoría de 70 votos a favor para tal efecto.
En tal sentido Jiménez expresó que “el Gobierno Nacional no admite que se intente pisotear el Estado de Derecho. La Función Judicial ha anulado, en decisión plenamente ejecutable, la designación que en su momento recibió el señor González”.
‼️URGENTE‼️@LassoGuillermo desconoce a @gonzalezcraul como @superbancosEC, posesionado por la @AsambleaEcuador.
— Orlando Pérez (@OrlandoPerezEC) August 15, 2022
Ahora, decenas de miembros de la @PoliciaEcuador ingresan al edificio de la @superbancosEC, tal como hicieron con el @CpccsEc para imponer a @HernanUlloa ���� pic.twitter.com/ZX9B7hCXj7
A las declaraciones del titular de la cartera de Gobierno se sumó el envío de decenas de efectivos policiales a la sede de Superbancos Ecuador, tal y como sucediera previamente con la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), entidad que había tenido a su cargo la designación.
El propio Jiménez manifestó que las distintas dependencias públicas incluyendo los ministerios de Finanzas, de Trabajo; el Banco Central del Ecuador (BCE), y Junta Monetaria y Financiera “no aceptarán A González como tal”; al tiempo que instaron a este a no intentar, ni llevar a cabo ninguna acción que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones.
Respecto del Ing. González Carrión: No puede posesionarse a alguien cuyo nombramiento no existe. pic.twitter.com/UdxD2WLXNg
— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) August 15, 2022
La designación de Raúl González que estuvo a cargo del Cpccs, presentó polémicas, pues su nombramiento contó con el apoyo de cuatro de los siete consejeros: Juan Javier Dávalos, Sofia Almeida, Francisco Bravo y David Rosero.
Mientras, un día previo a la posesión de González en la Asamblea, un ciudadano presentó una acción de protección; y un juez que conoció la causa dejó sin efecto su designación y solicitó al Presidente enviar una nueva terna para desempeñar tales funciones.