Luego de que el Senado de Brasil aprobara la intervención militar en Río de Janeiro, las unidades se desplegaron y el gobierno local perdió la potestad sobre la seguridad en el estado.
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Los senadores respaldaron el pasado 20 de febrero una intervención militar en Río con 55 votos a favor y 13 en contra.
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Luego de que el senado brasileño aprobara por mayoría la intervención militar en Río de Janeiro, los funcionarios se desplegaron.
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La población en las favelas teme posibles violaciones de derechos humanos, en medio del operativo.
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En 2017, hubo 6.371 homicidios dolosos en Río a pesar de que en esa oportunidad desplegaron a 8.500 militares.
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De acuerdo con el Gobierno de Temer, los militares intentarán detener el tráfico de drogas en las favelas, robo de camiones de carga o los robos cometidos contra grupos de personas en playas y plazas de la ciudad.
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Esta es la primera intervención militar desde 1985 en Río de Janeiro.
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Los militares estarán desplegados en las principales playas y calles en todas las modalidades de patrullaje.
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La intervención le retira al gobernador del estado de Río de Janeiro el control de todas las fuerzas de seguridad y quedan en manos de un general que informará al presidente de facto de las novedades.
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Los ciudadanos de Río de Janeiro demostraron molestias por la intervención militar pero el Gobierno sigue en pie con el proceso militar.
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Después del anuncio, el Gobierno central no dio mayores detalles sobre la intervención y sus adversarios políticos en el Senado reiteran el rechazo a la medida.
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