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Según el Ministerio Público del estado, el grupo de fiscales de Lava Jato fue incorporado a otras tareas contra el crimen organizado.

Según el Ministerio Público del estado, el grupo de fiscales de Lava Jato fue incorporado a otras tareas contra el crimen organizado. | Foto: EFE

Publicado 3 febrero 2021


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Sus fiscales fueron acusados de ejercer persecución política contra expresidente Lula, entre otras irregularidades procesales.

El Ministerio Público de Paraná (sur de Brasil) divulgó este miércoles a través de un comunicado que el equipo especial de fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato fue disuelto.

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Según la nota, los integrantes del dispositivo fueron incorporados a partir del 1 de febrero al Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), adscrito a la Fiscalía del Estado.

Los fiscales de Lava Jato no solo son conocidos por sus casi siete años de función, sino también por haber sido acusados de ejercer persecución política contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (quien estuvo preso durante 510 días), entre otras irregularidades procesales.

La decisión de disolver la operación la tomó en diciembre pasado el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, a partir de la polémica que han causado las ilegalidades practicadas por los fiscales liderados por Deltan Dallagnol y el juez inicial del caso, Sérgio Moro.

El comunicado de la Fiscalía de Paraná enumera diversos resultados de Lava Jato, entre ellos la recuperación de 4.300 millones de reales (poco más de 803 millones de dólares) por acuerdos de lenidad (devolución por parte de las empresas).

Esta cifra también comprende dinero vinculado con hechos de corrupción, sobre todo por parte de las mayores constructoras del país, como Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez.

Estas y otras empresas confesaron sobrefacturaciones en contratos con Petrobras, que lograron mediante sobornos a funcionarios y financiamiento ilegal de campañas políticas.

Los fiscales de Lava Jato y el exjuez Sérgio Moro (que durante 17 meses fue ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro) son investigados en una causa por imparcialidad que tramita el Supremo Tribunal Federal (STF) ante un pedido de Lula para anular la causa que le abrieron.


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