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El nuevo hecho de violencia contra manifestantes ha generado muestras de rechazo, máxime por tratarse de un menor de 16 años de edad.

El nuevo hecho de violencia contra manifestantes ha generado muestras de rechazo, máxime por tratarse de un menor de 16 años de edad. | Foto: EFE

Publicado 5 octubre 2020


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Atendiendo a la evidencia acopiada, el Ministerio Público imputará a más efectivos de Carabineros por encubrimiento.

La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, a cargo de la investigación del caso del joven arrojado al río Mapocho y la subsiguiente imputación del agente de Carabineros Sebastián Zamora, aseguró la existencia de un "encubrimiento" por parte de otros policías.

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Al presentar la imputación ante el juzgado este domingo, Chong expresó que Carabineros le envió a la Policía de Investigaciones (PDI) una "minuta de entrega de detenido, un acta de información de los derechos del detenido” y tres declaraciones de funcionarios policiales, lo que según el relato de la fiscal, "no cuadra" con lo sucedido.

Todo esto, según la Fiscalía, sería falso y buscaría hacer pasar la situación como una detención, cuando lo que en realidad ocurrió, fue una agresión y el posterior abandono del joven, quien quedó inconsciente y boca abajo en el río.

Para la fiscal Chong todo el relato de la policía resulta ser falso, porque los médicos y la enfermera que recibieron al joven herido declararon que este nunca llegó custodiado por Carabineros y que ningún uniformado ingresó al recinto asistencial a realizar el procedimiento.

"La conducta posterior del imputado tiende a mediatizar y derechamente a procurar encubrir como una supuesta detención las circunstancias que rodean al acto homicida”, aseguró Chong.

Con estos antecedentes a la mano, la Fiscalía Centro Norte determinó ampliar la investigación contra más policías uniformados bajo los delitos obstrucción a la investigación, falsificación de documento público y encubrimiento.

En cuanto al agente Sebastián Zamora, el mismo quedará sujeto a la medida cautelar de prisión provisional, estableciendo el poder judicial 120 días iniciales para la investigación.


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