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La justicia boliviana continúa las investigaciones sobre el presunto sobreprecio de 170 respiradores artificiales.

La justicia boliviana continúa las investigaciones sobre el presunto sobreprecio de 170 respiradores artificiales. | Foto: EFE

Publicado 25 mayo 2020


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El juez undécimo de instrucción penal de Bolivia, Hugo Huancani, otorgó medida carcelaria en contra del exministro de Salud de facto y demás funcionarios por presunto acto de corrupción.

La Fiscalía boliviana informó este domingo sobre la medida de privación de libertad contra el exministro de Salud de facto Marcelo Navajas por la presunta adquisición con sobreprecio de equipos médicos para atender a pacientes contagiados con la pandemia del coronavirus.

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De acuerdo con la declaración pública entregada por el fiscal Rudy Terrazas, el juez undécimo de instrucción penal, Hugo Huancani, determinó detención preventiva por tres meses en contra del exministro de Salud del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, por el presunto sobreprecio de 170 respiradores artificiales adquiridos a la empresa de española IME Consulting Global Services.

Según la investigación judicial, los respiradores, que tienen un valor entre 9.500 y 11.000 euros, le costaron a Bolivia 28.080 dólares.

En ese sentido, el fiscal manifestó que también fueron aprehendidos bajo medida de detención intramural el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco; el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; y el funcionario, Fernando Humérez, por complicidad en el presunto hecho de corrupción.

"El juez previa valoración, revisión y fundamentación, después de casi 12 horas de audiencia, ha determinado la detención preventiva para Marcelo Navajas, Geovanni Pacheco, Fernando Valenzuela y Luis Fernando Humerez en el penal de San Pedro, por el tiempo de seis meses para los tres últimos varones y tres meses para Marcelo Navajas" expresó Terrazas.

Asimismo, Terrazas reveló que el juez encargado del caso otorgó arresto domiciliar en contra de las funcionarias Ana Mendoza y Gabriela Pérez, por la presunta participación en la adquisición irregular de los equipos médicos.


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