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Ante los frecuentes mensajes con amenazas y de incitación al odio y a la violencia, el fiscal solicitó protección y garantías par él y su familia

Ante los frecuentes mensajes con amenazas y de incitación al odio y a la violencia, el fiscal solicitó protección y garantías par él y su familia | Foto: @Agencia_Andina

Publicado 13 mayo 2021


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El fiscal pide para la candidata presidencial de Perú 30 años y diez meses de prisión, acusada por varios cargos

El fiscal peruano José Pérez solicitó este jueves protección ante las amenazas recibidas por su actuación como acusador de la candidata neoliberal a la presidencia, Keiko Fujimori, para quien pide 30 años y diez meses de prisión.

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De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, Pérez pidió garantías para él y su familia por los frecuentes mensajes amenazantes y de incitación al odio y a la violencia, publicados en las redes sociales.

En un documento que presentó al coordinador de equipos de fiscales anticorrupción a cargo de funcionarios y empresas, Rafael Vela, el magistrado Pérez dijo que la campaña intimidatoria tomó mayor fuerza luego de una reciente audiencia, en que la defensa solicitó la nulidad y culminación de las investigaciones.

Según indica Pérez, la campaña se recrudeció luego del anuncio de que se entregaría el informe acusatorio del caso “Cocteles”, que vincula a Fujimori y al movimient político Fuerza Popular en el delito de lavado de activos referido al financiamiento de su campaña electoral.

La candidata se opone a la condena que pide Pérez, mientras que su abogada, Giuliana Loza, arguye que el fiscal no ha realizado diligencia de interés de su cliente.

Pérez ha reiterado que es competencia suya decidir el cierre de las pesquisas porque ha reunido todas las evidencias para que el juez a cargo inicie el juicio.

Fujimori declaró este jueves a medios peruanos que prefería no pronunciarse sobre las acusaciones, que apuntan a que su esposo, el estadounidense Mark Vito Villanella, recibió personalmente millonarios aportes electorales para su corriente política.

Pérez pide aplicar el artículo 151-a del Código Penal, que aplica privación de libertad a quienes hostiguen, persigan, asedien o busquen establecer contacto con una persona sin consentimiento previo.

Medios locales revelaron esta semana que el informe de Pérez incluye la confesión del empresario Enrique Gubbins, de que Villanella recogió de la empresa de aquel (Sudamericana de Fibras) parte de 7.630.000 dólares que su tío, Juan Raussmussen, le encargó entregar a la campaña electoral de Fujimori de 2016.

La declaración recibió el respaldo de visitas del cónyuge de Fujimori a la compañía y la declaración de la funcionaria de la misma, la cual confirma que acudía allí a recibir dinero.

Rassmunssen fue un empresario peruano radicado en Chile, ya fallecido, que contribuyó clandestinamente con esa campaña de Fujimori, aportando esa suma.

Esa cifra es equivalente al 44 por ciento del total de 17.312.984 dólares obtenidos de manera secreta por el fujimorismo, recibiéndolos de empresas como la brasileña Odebretch.

Keiko Fujimori y otros 40 coinculpados son acusados de lavado de dinero por ese monto y ella es imputada por ese delito, así como de fraude, falsificación, obstrucción de la justicia y pertenencia a una organización criminal, de acuerdo con los publicado en el informe.

Villanella simuló ingresos con fines de lavado de activos por un valor de 2.192.859 dólares, por comisiones obtenidas por su empresa de compra y venta de inmuebles, sin embargo, varios de los presuntos clientes lo desmintieron y dos niegan conocerlo de manera rotunda. El fiscal pidió para Villanella 22 años y ocho meses de prisión.


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