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Santrich fue detenido el pasado 9 de abril en su residencia en Bogotá, Colombia.

Santrich fue detenido el pasado 9 de abril en su residencia en Bogotá, Colombia. | Foto: EL Espectador

Publicado 8 junio 2018

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) exigió a las autoridades judiciales y políticas de Colombia velar por el cumplimiento de los derechos de sus integrantes. 

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció que la Fiscalía General Colombia no ha asignado un Juez de Tutela para el cumplimiento de los derechos constitucionales del integrante del exgrupo insurgente, Jesús Santrich, detenido hace 60 días bajo supuestas acusaciones vinculada al tráfico de drogas.

El ahora partido político FARC afirmó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tampoco ha abogado por la realización de un proceso judicial adecuado en el que se le permita demostrar su inocencia y evitar la petición de extradición a EE.UU. emitida el pasado 6 de junio. 

"Su captura y encarcelamiento (...) no cuenta con un Juez de Tutela que conozca su caso y garantice su debido proceso; arbitrariedad imputable a la Fiscalía General de la Nación por impedir con su actuación fraudulenta la protección de los derechos fundamentales", indicó el comunicado emitido este viernes. 

 

 

 

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De la misma manera, insistieron que ambas jurisdicciones están permitiendo la vulneración de los derechos jurídicos de Santirch, quien el 30 de abril interpuso una acción de tutela con el objetivo de que se les respetaran sus derechos intrínsecos de un juicio, esta solicitud no ha sido atendida, pese a que la ley establece que deben ser gestionadas en diez días hábiles. 

"Ha transcurrido un mes y ocho días sin decisión constitucional. ¿Será entonces posible concluir que a los excombatientes de las FARC no se les reconocen los derechos en la Constitución? (...) los ciudadanos colombianos tenemos el derecho fundamental a tener un juez de tutela y a nuestra petición de amparo", subraya el texto.

Finalmente, la FARC agregó que los acontecimientos suscitados entorno a la detención de su compañero dan indicios de que el arresto fue con la premisa de la extradición, a pesar de que no se han presentado pruebas contundentes en su contra.

"Constituye un importante hecho que permitirá demostrar su inocencia sí finalmente su defensa pudiera acceder a las supuestas pruebas (...) esto pone de manifiesto la existencia previa de una captura con fines extradición. (...) el procedimiento de extradición se inició al momento de su captura y por lo tanto se trata de una conducta que debe ser evaluada por la JEP", concluye.

 


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