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Familiares de las víctimas y luchadores por los derechos humanos exigen, no sólo la extradición, sino que no se impongan tendencias negacionistas y que Rivas sea juzgada por sus presuntos crímenes.

Familiares de las víctimas y luchadores por los derechos humanos exigen, no sólo la extradición, sino que no se impongan tendencias negacionistas y que Rivas sea juzgada por sus presuntos crímenes. | Foto: EFE

Publicado 30 octubre 2020


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A la procesada se le acusa de haber tomado parte en el secuestro y desaparición de, al menos, siete revolucionarios chilenos.

La Justicia de Australia declaró procedente la solicitud de extradición a Chile de la exagente chilena Adriana Rivas, requerida por la desaparición de siete personas en la década de 1970 cuando trabajaba para el régimen de Augusto Pinochet.

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Rivas, vinculada a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile entre 1974 y 1978, está acusada de haber participado como miembro de la llamada “Brigada Lautaro” en el "secuestro agravado" de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista en 1976.

También se le responsabiliza de los secuestros de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada de su primer hijo al momento de su detención.

Las siete víctimas sobre las que se investiga la responsabilidad de Rivas actualmente se encuentran en situación de desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La “Brigada Lautaro” se trataba de una brigada de exterminio de la DINA. Rivas, además, fungió como secretaria personal del jefe de la Policía Secreta chilena, Manuel Contreras.

Adriana Rivas se radicó en Australia en 1978. Desde febrero de 2019, se encuentra detenida en una penitenciaría de ese país, a la espera de la resolución de su caso. Al menos hasta el momento de su detención, Rivas gozaba del reconocimiento como exmiembro de las Fuerzas Armadas chilenas, recibiendo incluso pensión como tal.

El magistrado Philip Stewart del tribunal del estado de Nueva Gales del Sur a cargo de decidir sobr el caso de Rivas, indicó que "está satisfecho de la elegibilidad para la entrega" de la mujer de 67 años.

El juez hizo un repaso de los argumentos de las partes y subrayó que no le convence la defensa de Rivas de que será juzgada en Chile por sus "opiniones políticas".

La acusada, quien compareció de forma telemática desde la prisión en la que está recluida, mantiene su inocencia y asegura que se trata de un juicio político contra ella.

El proceso para decidir sobre la extradición de la ex agente de Pinochet puede prolongarse durante años si las partes deciden apelar cada uno de los fallos en los distintos escalones judiciales hasta llegar la batalla legal a la máxima instancia judicial de Australia, el Tribunal Superior.

Chile solicitó la extradición de Rivas en 2014, aunque después tuvo que modificarla varias veces. Rivas viajó en 2006 a Chile para visitar a su familia y fue arrestada, pero logró huir nuevamente a Australia cuando se encontraba en libertad provisional.


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