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 El acuerdo entre el Gobierno español y las organizaciones sindicales incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva.

El acuerdo entre el Gobierno español y las organizaciones sindicales incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva. | Foto: @Yolanda_Diaz

Publicado 12 mayo 2020



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El acuerdo permite a los trabajadores mantener su puesto y cobrar hasta un 70 por ciento del salario en caso del cese de la actividad.  

El Gobierno de España,  las principales organizaciones sindicales y la patronal firmaron este lunes un pacto social por el empleo, cuyo objetivo es contrarrestar el impacto económico originado por la pandemia de la Covid-19.

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Bajo el nombre de Acuerdo Social en Defensa del Empleo, el documento fue rubricado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes de Comisiones Obreras, Unai Sordo; y de la Unión General de Trabajadores, José Álvarez, los dos sindicatos mayoritarios del país europeo.

Otras organizaciones se sumaron al compromiso como la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa; y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, cuyos presidentes, Gerardo Guevara, y Antonio Garamendi, respectivamente, también lo suscribieron.  

En un comunicado emitido por el Palacio de la Moncloa (sede del Ejecutivo español) se significó que se trata de un acuerdo histórico que incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva para no dejar a nadie desplazado en la crisis de la Covid-19.

El Gobierno de coalición, integrado por el Partido Socialista Obrero Español y la alianza izquierdista Unidas Podemos (UP),  aprobó el viernes un decreto para ampliar las prestaciones extraordinarias con motivo de los ceses de actividad por el coronavirus.

La nueva normativa prorroga las condiciones excepcionales de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), una herramienta que permite a las empresas detener su actividad ya sea total o parcialmente sin despedir a sus empleados, pero que a su vez elimina los salarios y no se generan pagas extras estipuladas, ni vacaciones durante el periodo de cese.

El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, afirmó que "los ERTE demostraron ser una herramienta muy eficaz para proteger a los trabajadores y para mantener el empleo evitando despidos masivos y cierres de empresas, a diferencia de lo que sucedió tras la crisis de 2008", recordó.

Al aprobarse un expediente de este tipo, el Estado ofrece una prestación a los asalariados para que estos puedan cobrar hasta el 70 por ciento de su salario pese al cese de actividad.

Según datos oficiales, a finales de abril un total de 3.3 millones de personas habían iniciado procesos de expedientes de regulación temporal de empleo.


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