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De aprobarse este segundo grado penitenciario los independentistas pasarían a un régimen de encarcelamiento común.

De aprobarse este segundo grado penitenciario los independentistas pasarían a un régimen de encarcelamiento común. | Foto: EFE

Publicado 11 diciembre 2019





Los independentistas catalanes, quienes fueron sentenciados de 9 a 13 años de presidio, aún deben esperar por el anuncio oficial del Departamento de Justicia de la Generalitat.

Las Juntas de Tratamiento de las Cárceles de Lledoners, quienes sesionaron en Barcelona, España, propusieron este miércoles que se le otorgue el segundo grado penitenciario a los nueve presos políticos privados de libertad por el proceso independentista de Cataluña del 1 octubre de 2017. 

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Tras la extensa sesión de este 11 de diciembre, que no alcanzó unanimidad, se logró el informe que solicita el encarcelamiento absoluto para los nueve independentistas catalanes, quienes estaban a la espera de un beneficio de tercer grado que les permitiera salir de la prisión de día y regresar en horas de la noche para pernoctar en el reclusorio penitenciario. 

De esta forma, le corresponde al Departamento de Justicia de la Generalitat evaluar este documento y decidir si le otorga de entrada, la categoría de segundo grado a estos políticos.

"Las penas las imponen los jueces; La Generalitat no dicta las sentencias. Los servicios penitenciarios actúan cumpliendo un mandato judicial", explicó  el secretario general de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de Justicia, Amand Calderó.

Por otra parte, Amand Calderó destacó que aún los independentistas privados de libertad tienen la opción de apelar y pedir la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario de España, el cual contempla salidas flexibles para trabajo y otras actividades fuera de la cárcel.

"El 100.2 es un muy buen instrumento que en cualquier momento se puede utilizar", informó Calderó en rueda de prensa tras anunciar que los independentistas catalanes podrían recibir la categoría penitenciaria de régimen ordinario.

La justicia española enfila esfuerzos por criminalizar el movimiento independentista que se gestó en Cataluña con la celebración de una consulta popular, cuyos resultados dictaminaron que la colectividad en pleno estaba a favor de la separación y emancipación catalana.


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