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La concejala del cantón Esmeraldas, Janeth Bustos, denunció que la decisión del presidente Moreno "significa el asalto más grande de la historia a la refinería".

La concejala del cantón Esmeraldas, Janeth Bustos, denunció que la decisión del presidente Moreno "significa el asalto más grande de la historia a la refinería". | Foto: Petroecuador

Publicado 10 julio 2020


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Rafael Correa expresó que el decreto "será revertido cuando derrotemos al peor Gobierno de la historia”.

Varias figuras de la vida política de Ecuador han rechazado este viernes la presentación del decreto ejecutivo 1094 firmado por el presidente, Lenín Moreno, donde autoriza “la iniciativa privada de la gestión conjunta de la Refinería Esmeralda con la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP-Petroecuador”.

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El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, ante esta medida gubernamental expresó desde su cuenta oficial de la red social Twitter que todo "será revertido cuando derrotemos al peor Gobierno de la historia y recuperemos la patria".

"Si ganamos en el 2021, todo esto será revertido. ¡Debemos ya parar esto!", expresaba Correa desde el pasado 17 de junio al pronunciarse sobre las gestiones del ministro de Energía, René Ortiz, para "concesionar la Refinería de Esmeraldas" cuando aseguraban que la industria estaba “a punto de explotar”.

Por otra parte, el exdiputado, jurista y analista político ecuatoriano, Carlo González, señaló que las acciones de Moreno son "solo cortinas de humo", al tiempo que alertó sobre el saqueo del "patrimonio nacional, después será el petróleo".

La excanciller de Ecuador, María Isabel Salvador, precisó que el Gobierno comenzó la privatización "de los activos del Estado", hecho que calificó de "abuso".

La propia concejala del cantón Esmeraldas, Janeth Bustos, denunció que la decisión del presidente Moreno "significa el asalto más grande de la historia a la Refinería de Esmeraldas", puesto que constituye una violación de la Constitución.

Con la licitación de la industria estatal petrolera, el Gobierno de Moreno pretende lograr, según explica el decreto, un “mejoramiento de la calidad de combustibles, implementación de un tren de alta conversión, mejoramiento de su eficiencia y reducción de emisiones”.


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