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Jorge Yunda aduce que ha hecho todo lo posible que proteger la salud del pueblo quiteño, lo cual incluyó la compra de las pruebas PCR cuestionadas.

Jorge Yunda aduce que ha hecho todo lo posible que proteger la salud del pueblo quiteño, lo cual incluyó la compra de las pruebas PCR cuestionadas. | Foto: Twitter: Alcaldía Quito

Publicado 17 febrero 2021


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Son siete personas las procesadas en un delito del cual se presume un perjuicio para de 4,2 millones de dólares.

Una audiencia para imputar por la vía penal al alcalde de Quito, Jorge Yunda y otros seis procesados tuvo lugar la víspera en la capital ecuatoriana para dilucidar la compra irregular de pruebas PCR en el contexto de la pandemia de Covid-19, en el país suramericano.

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La Fiscalía presentó las evidencias que recopiló durante las pesquisas y los abogados de los procesados también expusieron sus argumentos. En esta cita judicial, el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, pidió que se dicte prisión preventiva en contra del alcalde Yunda y seis personas más. 

Yunda se pronunció a través de su cuenta de Twitter: "Tengo la conciencia tranquila, nuestro siguiente paso es conseguir vacunas para Quito; si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto", escribió. 

La semana pasada, la Fiscalía indicó que ha encontrado "elementos de convicción suficientes sobre una presunta responsabilidad del alcalde Jorge Yunda" y, en ese sentido, para la secretaria de Salud del municipio y para otras dos personas se dictó prisión preventiva. 

Para la autoridad investigadora, esta compra de las pruebas PCR para detectar la Covid-19, representarían un perjuicio económico mayor a 4.2 millones dólares.

El pasado 13 de noviembre, un juez abrió la etapa de instrucción fiscal y ordenó la prisión preventiva de Lenín Mantilla, su exsecretario de Salud y responsable de esta adquisición, quien se encuentra prófugo.

El caso se originó cuando en abril de 2020, en plena primera ola de la Covid-19, desde la pista del aeropuerto de Quito, el alcalde Yunda transmitió en vivo la llegada del primer lote de 5.000 pruebas PCR de las 100.000 contratadas.  

La empresa que ganó el contrato fue Salumed S.A., por un monto de 4,2 millones de dólares. Un mes después la Fiscalía inició una investigación por un presunto sobreprecio en la compra.  


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