• Telesur Señal en Vivo
  • Telesur Solo Audio
  • facebook
  • twitter
El presidente de la Asamblea Nacional no descarta que los funcionarios aludidos, si no renuncian o son cesados, podrían ser sometidos a un juicio político.

El presidente de la Asamblea Nacional no descarta que los funcionarios aludidos, si no renuncian o son cesados, podrían ser sometidos a un juicio político. | Foto: Twitter: Asamblea Nacional. Ecuador

Publicado 2 marzo 2021


Blogs



El parlamento de Ecuador consideran que deben ser cesados además los jefes de prisiones y del sistema de rehabilitación.

La Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador exigió este lunes al presidente del país, Lenin Moreno, que destituya al ministro de Gobierno, al jefe de prisiones y del sistema de rehabilitación, como responsables de la crisis carcelaria que se desató el pasado 23 de febrero y que dejó, por lo menos, 79 reos muertos.

LEA TAMBIÉN: 

Policía de Ecuador confirma nuevo motín en cárcel de Cotopaxi

El acuerdo salió adelante con 84 votos a favor, uno en contra y 34 abstenciones, con el cual el pleno de la asamblea exigió la "destitución inmediata" del ministro de Gobierno (Interior), Patricio Pazmiño; del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo; y de Johana Pesántez, presidenta del Organismo Técnico de Rehabilitación Social.

De acuerdo a los legisladores, estos funcionarios tendrían responsabilidad en los hechos ocurridos en cuatro cárceles del país y los cuales se saldaron con 79 reos asesinados, así como 19 heridos, en hechos atribuidos a  rencillas entre bandas rivales, según las autoridades.

De igual manera, el parlamento exigió a Moreno la "adopción inmediata de medidas que garanticen la prevención, mantenimiento, control y restablecimiento del orden y la seguridad de los centros de privación de libertad", de acuerdo a un comunicado de la Asamblea Nacional.

En ese sentido, el parlamento exigió "una gestión y administración eficiente de los centros de privación de la libertad; el diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, que garanticen sus derechos" y que, en ese sentido, sea decretado un "estado de excepción" en las cárceles del país.

La resolución fue promovida por el legislador Rodrigo Collahuazo, quien anticipa también al inicio de un juicio político de censura contra los funcionarios, por "incumplimiento de sus funciones en el marco de la seguridad ciudadana".

En definitiva, el documento solicita al Gobierno que disponga al Ministerio de Economía la "entrega inmediata de los recursos económicos que permitan solventar la grave crisis del sistema de rehabilitación social, así como analice y agilice las solicitudes de indulto humanitario".


Comentarios
0
Comentarios
Nota sin comentarios.