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Tras varias jornadas de protestas en semanas recientes, el gremio educativo de Ecuador celebra la victoria del dictamen 2-22-OP/22 sobre el Ejecutivo.

Tras varias jornadas de protestas en semanas recientes, el gremio educativo de Ecuador celebra la victoria del dictamen 2-22-OP/22 sobre el Ejecutivo. | Foto: @UneEcuador

Publicado 23 julio 2022



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El nuevo dictamen ratifica la ejecución de la equiparación salarial a personal docente y declara inapelable la decisión.

La Corte Constitucional de Ecuador negó este sábado la solicitud de ampliación y aclaración realizados por el Gobierno de Guillermo Lasso y la Procuraduría General del Estado sobre la equiparación del salario a los maestros, incluida como parte de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

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La Unión Nacional de Educadores (UNE) celebró la “tercera derrota para el Gobierno”, y refirió que la equiparación salarial irá al Registro Oficial para beneficiar a los maestros en un plazo de 90 días, según lo establecido.

El Gobierno ecuatoriano, de conjunto con la Procuraduría, habían solicitado la ampliación del dictamen sobre “la disposición constitucional o legal que le franquea a la Asamblea Nacional la capacidad de reformular el Presupuesto General del Estado”, alegando que la medida suponía un incremento de gastos no contemplados en el presupuesto destinado para el año 2022.

De ahí que se procediera a solicitar a la Corte Constitucional el pasado 26 de mayo la aclaración, ampliación y modulación del dictamen 2-22-OP/22, donde se declara que la equiparación salarial tiene carácter constitucional. Sin embargo, seis días antes la alta Corte había emitido su resolución.  

En este sentido, el nuevo veredicto de la Corte asegura que la resolución se ajusta a lo dictaminado en el artículo 440 de la Carta Magna ecuatoriana, sobre el carácter definitivo e inapelable de las decisiones adoptadas, que no pueden modificarse a través de ampliaciones o aclaraciones.

Recientemente, docentes ecuatorianos protagonizaron jornadas de movilizaciones, exigiendo al Ejecutivo dar cumplimiento a la equiparación salarial.


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