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El coordinador Pablo Iturralde dijo que el objetivo es realizar un control de toda la gestión que se hace de la deuda pública en Ecuador.

El coordinador Pablo Iturralde dijo que el objetivo es realizar un control de toda la gestión que se hace de la deuda pública en Ecuador. | Foto: @pichinchauniver

Publicado 25 agosto 2020


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La veeduría analiza las operaciones de deuda con tenedores privados de bonos soberanos y la deuda contraída con el FMI.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Ecuador conformó la Veeduría Ciudadana de la Deuda Externa, con el objetivo de vigilar los términos y condiciones en los que el Gobierno del presidente Lenín Moreno ha contraído deuda externa con organismos multilaterales.

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En un boletín de prensa, el CPCCS explicó que “las veedurías ciudadanas son un mecanismo de control social, mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público y también del sector privado que maneje recursos públicos o desarrolle actividades de interés público”.

La veedora Gabriela Endara, citada en el comunicado, indicó que “parte de las actividades de vigilancia consisten en evidenciar el destino de los valores adeudados y controlar que la deuda no viole los derechos humanos y las normas constitucionales”.

La nota de prensa indicó que la veeduría en la actualidad está concentrada en el análisis de las operaciones de deuda con tenedores privados de bonos soberanos y la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El coordinador general de la veeduría, Pablo Iturralde, explicó por su parte que “la contratación de deuda no puede incumplir las leyes nacionales pero, además, no debe por ningún motivo incumplir con los convenios internacionales vinculantes para el Ecuador en materia de endeudamiento y garantía de derechos humanos”.

La Veeduría Ciudadana de la Deuda mostró su preocupación por las condiciones planteadas en la renegociación de los bonos de deuda pública.

En un oficio que fue dirigido al Ministerio de Finanzas, la entidad civil consultó sobre el posible incumplimiento del Artículo 286 de la Constitución ecuatoriana que prohibiría el pago de intereses con bonos emitidos por el Estado, tal como se habría hecho en la renegociación de la deuda con la emisión de nuevos bonos.


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