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Organizaciones de DD.HH. reitraron que reprimir con abuso de la fuerza pone en riesgo la vida de quienes ejercen su derecho a la protesta.

Organizaciones de DD.HH. reitraron que reprimir con abuso de la fuerza pone en riesgo la vida de quienes ejercen su derecho a la protesta. | Foto: EFE

Publicado 23 junio 2022



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La Conaie indicó que el manifestante murió por "trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones".

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este jueves la muerte de otro manifestante en medio de las movilizaciones contra las políticas del Gobierno de Guillermo Lasso, siendo el número cuatro en 11 días del paro nacional.

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A través de su cuenta en la red social Twitter, la Conaie indicó que la víctima fue identificada como Henry Ernesto Quezada Espinoza, de 39 años de edad, quien murió tras la violenta represión de las fuerzas de seguridad contra las protestas en la capital ecuatoriana.

"Se confirma el asesinato de Henry Quezada Espinoza en el parque El Arbolito de Quito debido a trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones", precisó la confederación.

Asimismo, alertó que en esta jornada del paro nacional, la policía ecuatoriana lanzó granadas de impacto múltiple contra manifestantes "de manera indiscriminada causando cientos de heridos, muchos de gravedad".

Foto: Conaie

Por su parte, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (DD.HH.) también denunció el hecho e instó a que se realizara una investigación urgente y a que "paren la masacre".

"Reprimir con abuso de la fuerza las protestas pone en riesgo la vida e integridad de las personas para ejercer su derecho a la protesta durante el paro nacional", enfatizó.

De acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, hasta el miércoles se registraban 49 incidentes de vulneraciones a los DD.HH., tres fallecidos, 92 heridos, 94 detenciones y cuatro desaparecidos.

La Conaie ha llamado al Gobierno ecuatoriano a crear condiciones reales para que se produzca el diálogo, entre ellas, el cese inmediato de las acciones de represión y criminalización, derogatoria del estado de excepción y garantías de no imponer nuevos decretos.

Además, que se respeten las zonas de resguardo humanitario y que "toda la agenda sea puesta en la mesa y no existan puntos 'inviables' para el Gobierno, sino esfuerzos para atender el clamor ciudadano".


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