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El Consejo Nacional Electoral aprobó la unificación de dos procesos electorales para este 2023: Consulta popular sobre el Parque Nacional Yasuní y elecciones presidenciales y legislativas.
El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador resolvió este lunes, con cuatro votos a favor y una abstención, aprobar un informe interno que recomendaba unificar las elecciones legislativas y presidenciales y la consulta popular sobre el Parque Nacional Yasuní.
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Los dos procesos electorales son de carácter nacional y la propuesta deber ser aprobada por la Corte Constitucional, previo a la jornada electoral prevista en el mes de agosto de 2023.
A casi una semana que se decretó la muerte cruzada con la que se disuelve el Parlamento y se adelantan las elecciones, el CNE realizó una reunión virtual para tratar el tema.
El @cnegobec aprobó unificar la consulta popular Yasuní 2023 (sobre dejar el petróleo bajo tierra en ese parque nacional), prevista para el 23 de julio y las elecciones presidenciales y legislativas. Ambas se desarrollarán el 20 de agosto. Mi reporte para @ConexiontlSUR pic.twitter.com/xTU3qLrkEF
— Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) May 22, 2023
Al principio, el CNE había asegurado que no sería posible hacer coincidir estas dos fechas de elecciones ya que la Corte Constitucional.
Sin embargo, la decisión de unificar lo dos procesos se da para reducir costos. El informe determina que se realice las “cuestiones necesarias” ante la institución.
A inicios de mayo, la Corte Constitucional aprobó que se realice la consulta popular sobre las actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní.
Se emitió un dictamen favorable y la pregunta constante en la solicitud de consulta popular para mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo el suelo, presentada el 22 de agosto de 2013.
La consulta puede generar efectos jurídicos consistentes que suspendan las actividades de explotación y extracción de crudo, según verificó la corte.
El próximo 20 de agosto, los ecuatorianos deberán elegir a un nuevo presidente y 137 asambleístas tras el Decreto Ejecutivo 741 con el que se aplicó la muerte cruzada, de acuerdo al cronograma planteado por el CNE.
