Dos años sin Berta Cáceres, tiempo de lucha por justicia social

Al cumplirse dos años del asesinato de la defensora indígena, ambientalista y opositora de la política hondureña Berta Cáceres, el proceso judicial en contra de sus presuntos asesinos avanza lentamente.

En el caso están involucrados funcionarios estatales, empleados y extrabajadores de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que planearon cuatro meses antes el homicidio de la ambientalista.

Por el asesinato de Cáceres están detenidas ocho personas acusadas por supuestamente ser los autores materiales del hecho. 

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Las autoridades hondureñas presumen que el motivo del asesinato fue su activo rechazo a la construcción del proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, por parte de la constructora DESA.

Aunque la empresa en repetidas oportunidades ha negado la participación en el crimen, las autoridades de Honduras detuvieron este viernes al presidente ejecutivo de la empresa, Roberto David Castillo Mejía, quien fue acusado de ser el presunto autor intelectual y se disponía a abandonar el país a través del aeropuerto internacional de San Pedro Sula.

También el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Darío Cardon, fue detenido y acusado por "abuso de autoridad" ya que otorgó la ampliación de una licencia ambiental para que DESA pudiera ejecutar la construcción. 

Cáceres denunciaba que el proyecto la represa hidroeléctrica Agua Zarca atenta contra los recursos naturales del país y afecta a las comunidades indígenas lencas. 

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La ambientalista fue asesinada el 3 de marzo de 2016 dentro de su vivienda por sujetos que entraron en horas de la madrugada. Sin embargo, la seguridad de Cáceres estaba en manos del Gobierno de Honduras gracias a la presión de organismos defensores de derechos humanos. 

Hasta ahora, la impunidad en el caso de Cáceres se mantiene, exigen sean juzgados los autores intelectuales y se descubra la trama detrás de su asesinato.