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La Cámara Baja formuló una denuncia oficial ante las autoridades, considerando que los correos se enviaron desde direcciones electrónicas sin identificar.

La Cámara Baja formuló una denuncia oficial ante las autoridades, considerando que los correos se enviaron desde direcciones electrónicas sin identificar. | Foto: EFE

Publicado 11 septiembre 2022



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Los mensajes electrónicos recibidos por al menos 100 parlamentarios, buscan suprimir el proceso de diálogos y acuerdos entre la sociedad civil y los políticos de todas las tendencias.

Al menos un centenar de miembros del parlamento chileno denunciaron el recibimiento de correos electrónicos en sus buzones institucionales con amenazas explícitas, que persiguen evitar la continuidad del nuevo proceso constituyente, tras el rechazo a la propuesta el pasado 4 de septiembre.

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Según indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, a través de un video compartido en la red social Twitter, los mensajes emitidos pretenden "inhibir el proceso de diálogos y búsqueda de acuerdos" entre la sociedad civil y los políticos de todas las tendencias.

"Sepan que no nos van a amedentrar ni detener y que este proceso es necesario para Chile y su democracia", precisó Soto, quien advirtió además que las acciones de intimidación serán debidamente investigadas para que los involucrados asuman las responsabilidades legales ante los hechos.

Asimismo, el primer vicepresidente de la Cámara Baja, Raúl Sepúlveda, aseguró a medios locales que el secretario general de la instancia formuló una denuncia oficial ante la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), considerando que los correos se enviaron desde direcciones electrónicas no identificadas.

"Como mesa, rechazamos sin duda una acción de esta naturaleza. Queremos decirles a quienes están detrás de esto que (...) tenemos el convencimiento de que tenemos un mandato entregado por el plebiscito de entrada y que buscaremos los acuerdos para tener un nuevo proceso constituyente y una nueva Constitución en democracia", afirmó Sepúlveda.

Por su parte, el presidente del Senado chileno, Álvaro Elizalde, detalló que los correos recibidos advierten a los parlamentarios del posible allanamiento a sus domicilios en caso de continuar con el proceso de cambio constitucional, y ofrecen información sobre las direcciones particulares de diputados y senadores.

La Carta Magna vigente en Chile data de 1980, cuando la dictadura de Augusto Pinochet estaba instaurada en el país austral, de ahí que partidos políticos de izquierda y derecha coincidan en la necesidad actual de eliminarla y proponer una que emerja de la ciudadanía.

Ante el rechazo al referendo del pasado 4 de septiembre, el Gobierno de Gabriel Boric propuso impulsar un nuevo itinerario constituyente, con un texto que "logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana".


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