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El hecho violento dejó un saldo de cinco fallecidos y cinco heridos, en su mayoría campesinos.

El hecho violento dejó un saldo de cinco fallecidos y cinco heridos, en su mayoría campesinos. | Foto: W Radio

Publicado 8 marzo 2021



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Desde esa Oficina, instaron a autoridades a investigar lo ocurrido y sancionar a los responsables.

La representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juliette de Rivero, condenó el domingo la matanza perpetrada por encapuchados armados en un billar en una zona rural del municipio de Ábrego, Norte de Santander, con saldo de cinco fallecidos y cinco heridos.

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En mensajes difundidos a través de la red social Twitter, la funcionaria instó a las autoridades a investigar lo sucedido y sancionar a los responsables. Agregó que se da seguimiento a la situación en ese municipio a fin de que se asegure la vida de todas las personas.

Además, recordó que la Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempranas (024 y 034 de 2020), mediante las cuales se solicitaron medidas urgentes y eficaces para hacer frente a la inseguridad que se vivencia en la región del Catatumbo.

Durante las últimas horas, la Fiscalía General de Colombia informó la creación y llegada a Ábrego de un grupo especial de fiscales e investigadores para profundizar la indagación sobre la masacre ocurrida en la noche del sábado en un billar de la vereda Oropoma.

También el domingo, el ministro de Defensa, Diego Molano, encabezó un consejo de seguridad que se realizó en el municipio de Ocaña, aledaño a Ábrego.

El titular anunció que se enviará a la región 600 efectivos del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Trasnacionales (Conat), creado a finales de febrero.

También dio instrucciones para la creación o envío de grupos armados tácticos con la intención de endurecer el combate militar a las estructuras armadas ilegales que operan allí.

Asimismo, indicó la activación inmediata de una Comisión de Inteligencia, el envío de una tanqueta para realizar control de carreteras y recompensas de hasta 50 millones de pesos colombianos (13.640 dólares) por información valiosa sobre los responsables del crimen.


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