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Desde el 11 de mayo hasta la fecha 1271 nuevas víctimas han sido objeto de acciones violentas por la fuerza pública colombiana.

Desde el 11 de mayo hasta la fecha 1271 nuevas víctimas han sido objeto de acciones violentas por la fuerza pública colombiana. | Foto: EFE

Publicado 8 junio 2021


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Dentro de las conductas recogidas en el informe de denuncia están los asesinatos, violación sexual y tortura.

Organizaciones defensoras de derechos humanos de Colombia presentaron un informe a la Corte Penal Internacional, CPI, donde se da cuenta de al menos 3.825 violaciones a los DD.HH. entre el 28 de abril y el 2 de junio.

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El documento señala, además que hay 22 tipos de conductas violatorias por parte de integrantes de la Fuerza Pública, con énfasis en la aparición de Paramilitarismo Urbano. También se revela sobre acciones u omisiones con relación a crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía, el Ejército y civiles armados.

El informe da a conocer 229 nuevos casos violentos desde 11 de mayo hasta la fecha, con 1271 nuevas víctimas, de las que se aporta la identidad de 554.

Los firmantes fueron el senador Iván Cepeda y las organizaciones Temblores, Campaña Defender la Libertad, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos.

Las conductas que se incrementan se reflejan en: asesinatos, violación y violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos, encarcelación u otra privación grave de la libertad física.

Del texto, resalta los hechos de paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la protesta social, y subrayan relatos minuciosos de los hechos que se han conocido en todos los puntos de protestas del Paro Nacional, pero con énfasis en la ciudad de Cali desde el ataque a la Minga Indígena.

El senador Cepeda y las organizaciones firmantes apuntaron que hay actuaciones de los organismos del Estado y de funcionarios que tienen responsabilidad en las violaciones.

“Las actuaciones parcializadas de la Procuraduría General de la Nación; la actuación de impunidad del fiscal, Francisco Barbosa y las actuaciones omisivas del Defensor del Pueblo. Así como, la falta de disposición por parte del Estado colombiano para llevar a los máximos responsables a la justicia”, escribió Cepeda en su sitio web.

Pese a las múltiples denuncias que han llegado a la CPI, incluso contra exmandatarios como Álvaro Uribe por los casos de “falsos positivos”, las decisiones del organismo se han tardado demasiado, por lo que este tipo de denuncias adquieren un carácter simbólico.


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