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Han sido reiteradas las exigencias al Gobierno de Colombia para que ofrezca garantías para la vida y la integridad de los campesinos.

Han sido reiteradas las exigencias al Gobierno de Colombia para que ofrezca garantías para la vida y la integridad de los campesinos. | Foto: Semana

Publicado 3 junio 2020



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Este caso se suma a la desaparición forzada del líder comunal John Restrepo, el 29 de abril pasado. Asociación campesina exige nuevamente al Gobierno de Iván Duque garantías para la vida y la dignidad.

La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) denunció este miércoles la desaparición y posterior asesinato de Juan Gabriel Atenio Montiel, ocurrida en el municipio de Tarazá, de esa subregión perteneciente al departamento de Antioquia.

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Atenio Montiel fue visto por última vez el martes, cuando se dirigía a su trabajo. Ante la posibilidad de una desaparición forzada, los campesinos emprendieron su búsqueda y lo hallaron muerto la mañana de este miércoles, en las cercanías del corregimiento de La Caucana.

En un comunicado, la Asocbac agrega que este caso se suma a la desaparición forzada del líder comunal John Restrepo, el 29 de abril pasado, cuyo paradero aún se desconoce. Defensores de derechos humanos han alertado sobre la presencia en el área de grupos armados y paramilitares.

Al mismo tiempo, manifiesta que han alertado públicamente y de manera reiterada sobre los fenómenos de violencia que aquejan a las comunidades y no han encontrado apoyo para mitigarlos en la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Antioquia ni el Gobierno de Iván Duque.

La organización defensora de derechos humanos solicitó a las autoridades competentes trasladarse hasta el lugar del crimen y hacer el respectivo levantamiento. “No deseamos que sigan descargando estas responsabilidades en el campesinado”, recalcó.

 

La Asocbac solicita nuevamente al Estado colombiano garantías para la vida y la dignidad de los líderes sociales del territorio. Además, exigió al Ejecutivo, la Gobernación departamental, la Alcaldía municipal, la Defensoría del Pueblo y demás autoridades que cumplan las funciones constitucionales de prevenir y proteger a las comunidades.


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