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Las organizaciones exigieron al Gobierno del presidente Iván Duque que adopte medidas para erradicar la violencia contra líderes sociales.

Las organizaciones exigieron al Gobierno del presidente Iván Duque que adopte medidas para erradicar la violencia contra líderes sociales. | Foto: EFE

Publicado 24 junio 2020


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Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil antioqueña sostuvieron un encuentro para dar visibilidad a la crisis humanitaria que vive ese departamento colombiano.

Voceros de varias organizaciones sociales del Departamento de Antioquia, Colombia, participaron en una rueda de prensa online, convocada por la Corporación Jurídica Libertad (CJL), a fin de hacer pública la denuncia del alto riesgo que corren los líderes sociales de dicho territorio.

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El encuentro, que tuvo lugar este miércoles y fue transmitido a través de la página de la red social Facebook de la CJL, fue moderado por Gabriela Gil, representante de dicha organización. En la misma participó Carlos Morales, integrante de la organización Cahucopana del Nordeste antioqueño.

Tomaron parte, además, William Muñoz, presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca; John Hernández, pastor de la Iglesia Luterana que trabaja en la región de La Blanquita; y Ernesto Pinzón, vocero de la Corporación Colombia - Europa - Estados Unidos en el nodo Antioquia, y del Proceso Social de Garantías Para la Labor de Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos en Antioquia.

�� ¡ATENCIÓN! �� Se agrava la situación de riesgo de los líderes y lideresas sociales en Antioquia. #RuedaDePrensaVirtual...

Publicado por Corporación Jurídica Libertad en  Miércoles, 24 de junio de 2020

Los participantes denunciaron la grave situación que presentan los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos en Antioquia, siendo especialmente crítica la situación en las regiones de Bajo Cauca, Tarazá, y La Blanquita.

Plantearon igualmente que desde hace más de tres años, el Bajo Cauca ha vivido militarizado, estando actualmente 5.000 efectivos desplegados en esa región. En este contexto, los grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y los Caparrapos, se han fortalecido y se disputan el control de los territorios poniendo en grave riesgo a las comunidades.

También señalaron los nexos que persisten entre agentes estatales y estos grupos, así como que, hasta el momento, el Estado no ha desmantelado estas estructuras criminales, que siguen imperando en las comunidades.

Al hacer uso de la palabra, Muñoz se refirió a la vulneración de los Derechos Humanos que impera en la región del Bajo Cauca, por debilidad institucional. Ello genera un elevado riesgo, no sólo para los líderes sociales, sino para la población en general.

El Gobierno no ha implementado la política de sustitución de cultivos establecidas en los acuerdos de paz, con lo cual se incrementan las disputas por las rutas del narcotráfico que sostienen grupos armados irregulares, refirió.

Por ejemplo, el pasado día 15 de junio fue asesinado el líder comunal y participante del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos - PNIS del Bajo Cauca, Edier Lopera en Tarazá. Su cuerpo permanece en la zona y no se ha realizado aún el levantamiento del cadáver, por prohibición directa de uno de los grupos paramilitares que opera en la vereda.

Por su parte, Hernández refirió que existe miedo y zozobra en La Blanquita por los ataques contra líderes sociales. Las comunidades indígenas se han visto afectadas por el fuego cruzado entre los grupos ilegales y el ejército. Varios habitantes de la región han muerto víctimas de los enfrentamientos entre grupos armados.

Los procesos de paz no han tenido efecto, agregó Hernández. A consecuencia del incumplimiento de lo pactado para la paz, los territorios de la región que fueron abandonados por las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP) han sido ocupados por el Ejército y por grupos paramilitares, por lo que la violencia no ha cesado.

Continuando con la conferencia de prensa, Muñoz manifestó que campesinos y mineros antioqueños están siendo estigmatizados por la fuerza pública como miembros de organizaciones paramilitares. Los habitantes de Antioquia, expresó Muñoz, han respaldado los procesos de paz.

Hace dos días, tres líderes sociales y dos campesinos del municipio de Remedios fueron detenidos en medio de operativos anti paramilitarismo realizados por la fuerza pública. Los arrestados son reconocidos miembros de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento donde residen.

En los minutos finales, Pinzón denunció la grave crisis humanitaria que sufre el Departamento. Se refirió al alto nivel de riesgo que enfrentan los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Antioquia donde, en lo que va de 2020, se han reportado 113 agresiones contra estas personas.

Asimismo, informó que 14 líderes sociales han sido asesinados desde enero hasta la fecha en el Departamento, 6 de ellos durante la cuarentena y cuatro en el Bajo Cauca. Las subregiones más victimizadas son el Bajo Cauca, y el Norte y Nordeste de Antioquia.

Más del 80 por ciento de las víctimas son campesinos que apoyaban la paz, la sustitución de cultivos ilícitos y el desarrollo territorial. Esos son los que son atacados con más frecuencia, tanto por el Ejército como por los grupos armados irregulares, concluyó Pinzón.


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