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"La vigencia de los tratados de la ONU se encuentra amenazada por la sistemática conducta gubernamental de violación de derechos humanos", dijo Nadia Cruz (a la izquierda)

"La vigencia de los tratados de la ONU se encuentra amenazada por la sistemática conducta gubernamental de violación de derechos humanos", dijo Nadia Cruz (a la izquierda) | Foto: EFE

Publicado 13 marzo 2020



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La titular de la Defensoría del Pueblo de la nación suramericana solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que incremente su presencia en el país para vigilar la situación de los Derechos Humanos.

Nadia Alejandra Cruz Tarifa, defensora del pueblo de Bolivia, expresó su preocupación con la situación de los Derechos Humanos en su país, responsabilizando al Gobierno de facto de las violaciones que están ocurriendo al respecto.

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Aprovechando su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Cdhnu) en el marco de la adopción del Examen Periódico Universal (EPU), para solicitar de esa instancia una "especial vigilancia" sobre su país.

"Solicitamos especial vigilancia sobre Bolivia con la urgente visita de los relatores especiales; y restituir la Oficina del Alto Comisionado (…) en el país y que emita prontamente su informe sobre violación de derechos humanos en el conflicto poselectoral", manifestó Cruz Tarifa.

Argumentó al respecto datos ilustrativos de la situación originada por el golpe de Estado que generó la llegada al poder del Gobierno de facto en Bolivia.

"(…) la sistemática conducta gubernamental de violación de derechos humanos (en Bolivia), dejó 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos y/o aprehensiones", ilustró la funcionaria.

Igualmente, informó al Cdhnu sobre la persecución política y judicial en contra de Evo Morales, sus partidarios, así como familiares de estos, poniendo como ejemplo que en los últimos cuatro meses se registraron 22 casos de sedición, cuando el año pasado solo hubo dos.

La defensora mencionó que el Gobierno de facto calificó como sedición actos de los trabajadores de la prensa, que consideró contrarios a la información oficial.

De la misma forma, refirió que la Defensoría del Pueblo es objeto de amenazas, intimidaciones y persecución judicial por cumplir con el mandato constitucional que le viene impuesto.

El Gobierno de facto accedió al poder en Bolivia después de que un golpe de Estado, auspiciado por los militares, forzara a renunciar a Evo Morales, legítimo ganador de la elecciones generales de octubre de 2019.

Desde entonces, numerosas denuncias han señalado al régimen de la presidenta de facto Jeanine Áñez de violar los derechos Humanos, tanto por conductas violentas y persecución política, como por expresiones de racismo y discriminación religiosa, entre otras.


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