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Desde que fue emitida la orden de detención contra Lula, las protestas en Brasil se han intensificado para exigir se detenga la persecución judicial en su contra.

Desde que fue emitida la orden de detención contra Lula, las protestas en Brasil se han intensificado para exigir se detenga la persecución judicial en su contra. | Foto: Reuters

Publicado 6 abril 2018

Los abogados defensores del líder brasileño exigen a la ONU parar la detención de Lula hasta tanto concluya el proceso judicial en su contra. 

La defensa del expresidente brasileño y precandidato presidencial Luiz Ignácio Lula da Silva presentarán este viernes una medida cautelar ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de frenar la detención hasta el agotamiento del proceso judicial. 

El líder brasileño no se presentará este viernes ante la Policía como lo ordenó el juez Sérgio Moro, luego de que el Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil rechazara el habeas corpus presentado. 

Desde que Moro emitió la orden de detención contra el expresidente brasileño, las protestas no han cesado en varias ciudades en rechazo a lo que han denunciado como una persecución judicial que intenta impedir su participación en las elecciones presidenciales de octubre. 

 

 

 

 

La medida cautelar presenta incluye un pedido para que el Gobierno de facto brasileño impida el ingreso en prisión de Lula hasta que se agoten todos los recursos jurídicos, según un comunicado firmado por los abogados del expresidente, Cristiano Zanin Martins, Valeska Teixera Zanin y Geoffrey Robertson. 

Este viernes además presentaron un habeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que de acuerdo con el medio de comunicación O Globo, había sido negado por el juez principal. Sin embargo, el ente judicial desmintió esta información y confirmó que el pedido está en manos del ministro Félix Fischer.

 

La defensa considera arbitraria la decisión de encarcelar a Lula antes de que termine el proceso judicial, que otorgó la pena de 12 años y un mes de prisión en segunda instancia por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero. 

Destacan la necesidad de que un tribunal independiente examine si la presunción de inocencia del exsindicalista fue violada, y argumentan que se trata de una persecución que intenta impedir su postulación a las elecciones presidenciales a celebrarse en octubre. 

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