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La mancomunidad europea ratificó que considera “extraterritoriales” las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. a la nación caribeña.
El comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Neven Mimica, anunció en La Habana que la Unión Europea (UE) mantiene la política de incrementar la cooperación con Cuba en diversos sectores.
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Al participar el viernes en un Foro de Negocios con Cuba, celebrado en la capital de la nación caribeña, Mimica destacó que ambas partes cuentan con proyectos de cooperación en áreas como agricultura, cambio climático, energías renovables y fortalecimiento institucional.
En ese evento de negocios, el funcionario europeo reveló que la Unión Europea agregará cuatro millones de euros adicionales al monto de su cooperación con el país caribeño.
El injusto, genocida y cruel bloqueo de los #EEUU que se recrudece con la #LeyGarroteHelmsBurton, puede afectar en flujos financieros y en recursos, pero nunca podrá bloquear los principios, las convicciones, el patriotismo, la independencia y la soberanía del pueblo de #Cuba pic.twitter.com/GIkUlkC2rr
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 20 de junio de 2019
Los fondos serán destinados a apoyar la creación de una ventanilla única que hará más sencillos los trámites para los inversionistas extranjeros.
"Deseamos seguir apoyando el compromiso de Cuba para mejorar el entorno de la inversión con el fin de alentar a los agentes económicos y financieros de la Unión Europea a explorar iniciativas conjuntas", declaró Mimica.
El funcionario europeo se reunió más tarde con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, con quien evaluó el estado que guardan las relaciones económicas y políticas entre las partes con base en el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, vigente desde 2017.
Mimica ratificó a Díaz-Canel que la UE rechaza las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Cuba, como la activación del título III de la Ley Helms-Burton.
La UE considera "extraterritoriales" y "unilaterales" las demandas que se pueden presentar ante la justicia estadounidense por el uso de propiedades confiscadas en Cuba, tras la revolución de 1959, y la prohibición de los viajes de cruceros estadounidenses a puertos cubanos impuesta por la administración del presidente Donald Trump.
