• Telesur Señal en Vivo
  • Telesur Solo Audio
  • facebook
  • twitter
Las protestas contra el acuerdo incluyeron concentraciones y barricadas en varios puntos del país.

Las protestas contra el acuerdo incluyeron concentraciones y barricadas en varios puntos del país. | Foto: EFE

Publicado 5 octubre 2020


Blogs



Fuerzas políticas, asociaciones gremiales y la ciudadanía en general mostraron su inconformidad con la iniciativa.

La decisión del Gobierno de Costa Rica de no seguir adelante con la iniciativa de préstamo de 1.750 millones de dólares, que se negociaba con el Fondo Monetario Internacional (FMI), estuvo motivada, al decir del presidente Carlos Alvarado, en la atención al clamor popular.

LEA TAMBIÉN

Pdte. de Costa Rica anuncia que desiste del acuerdo con el FMI

Ciertamente, miles de personas se manifestaron en contra del préstamo, convocados por los 34 sindicatos establecidos en el país, así como por diferentes fuerzas políticas, como el Frente Amplio de Costa Rica.

¿Qué implicaciones tenía la iniciativa desestimada para el pueblo costarricense? ¿Por qué generó el rechazo evidenciado en las calles?

Incremento de los impuestos

Como parte de las obligaciones que contraería Costa Rica para acceder al préstamo del FMI, se encontraba el incremento de obligaciones tributarias, en el orden del 85 por ciento de manera global.

La traducción más representativa de ese incremento era la imposición de tributos del 0,3 por ciento a todas las operaciones financieras, dígase transferencias bancarias, cobro de cheques, etc., tanto por personas naturales como por empresas y demás clases de instituciones.  

Analistas locales como Eliécer Feinzaig y Gerardo Corrales, citados por la prensa costarricense, indican que esta medida desestimula el uso de operaciones financieras bancarias, en detrimento del uso del efectivo, cuestión opuesta a la bancarización de la sociedad que se promueve en el país y en el mundo.

A su vez, tiene un efecto negativo en el acceso al recurso financiero, ya que la mayor demanda de efectivo reduce las posibilidades de su captación, viéndose más afectados aquellos sectores más vulnerables.

El acuerdo también preveía impuestos sobre todos los salarios superiores al equivalente a 1.400 dólares mensuales, así como incrementar las contribuciones territoriales en un 200 por ciento, medidas que afectan directamente a los trabajadores y sectores más vulnerables.

¿Reducción del gasto público?

Aunque el acuerdo preveía la reducción del gasto público en un 15 por ciento, analistas consideran que es insuficiente, así como que en este apartado está la clave de la recuperación del déficit fiscal del Estado.  

El economista José Joaquín Fernández cita como ejemplo que, con un crecimiento estimado en el 5,03 por ciento del Producto Interno Bruto en 2020, el Plan de Gastos del Ejecutivo para el 2021 crece un 4,8 por ciento. “Este crecimiento es totalmente irresponsable e injustificado desde cualquier punto de vista y le quita toda autoridad moral al Gobierno para solicitar nuevos impuestos y más endeudamiento”, expresó Fernández.

El crecimiento sostenido del gasto público desde 2018, pese a la inflación y la deuda que afectan al país, permiten afirmar, según Fernández, que la intención del Gobierno con el préstamo ya desestimado era mantener sus niveles de erogación pública y no financiar el control de la pandemia.

Esa es la razón, según el analista, de que se acudiera a un préstamo del FMI con implicaciones presupuestarias, y no a gestionar la eficacia de las instituciones públicas como vía para controlar y reducir el gasto.

Medidas que no fueron tenidas en cuenta

El criterio de Fernández sobre el interés del Gobierno de mantener el gasto público en niveles crecientes, se sustenta también en la existencia de medidas cuya aplicación no ha sido tenida en cuenta, pese a que han sido traídas a colación, antes aún de la pandemia.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica, Albino Vargas, afirmó que el monto del crédito que se esperaba del FMI puede ser obtenido sin necesidad de someterse a las condiciones leoninas de esa institución.

Vargas indicó que esa cantidad de dinero llegaría a las arcas estatales eliminando la evasión fiscal de las grandes empresas, calculada en el ocho por ciento del PIB, mientras con la propuesta abandonada sólo se obtendría un seis por ciento.  

Fernández, por su parte, propone como solución al déficit fiscal el incremento del estímulo a la inversión y al crecimiento económico. Un crecimiento de la renta, explicó el experto, redundaría en un incremento de la recaudación tributaria, paliando el déficit fiscal.  


Comentarios
0
Comentarios
Nota sin comentarios.