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La directora general de Política Exterior de la Cancillería, Alejandra Solano, precisó que el tratado puede entrar en vigor con 11 ratificaciones.

La directora general de Política Exterior de la Cancillería, Alejandra Solano, precisó que el tratado puede entrar en vigor con 11 ratificaciones. | Foto: Twitter @CRcancilleria

Publicado 28 octubre 2020


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Ese instrumento jurídico ha sido ratificado por diez naciones y se prevé que pronto lo haga esa nación centroamericana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica dio a conocer este miércoles que el Acuerdo de Escazú podría entrar en vigor muy pronto tras su ratificación por diez países y su próxima aprobación por la Asamblea Legislativa de esa nación centroamericana.

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La directora general de Política Exterior de la Cancillería costarricense, Alejandra Solano, reveló que el texto ya ha sido ratificado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, y Uruguay.

La funcionaria precisó que Argentina ya promulgó la ley que incorpora el Acuerdo a su ordenamiento jurídico interno y pronto será el décimo país en depositar el instrumento de ratificación.

Asimismo, explicó que avanza el proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, lo cual convertiría a su país en el undécimo en ratificar esa importante herramienta en defensa de los derechos humanos ambientales. Con ello, se alcanzaría la cifra de ratificaciones requeridas para que el tratado entre en vigor.

Solano hizo el anuncio al presentar el informe sobre el avance del Acuerdo de Escazú y las perspectivas de trabajo de cara a su entrada en vigor, durante el 38 período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se desarrolla de manera virtual.

El referido acuerdo fue suscrito por 24 naciones el 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica) y su nombre completo es "Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe".

Se le considera uno de los más importantes convenios ambientales y de derechos humanos de los últimos 20 años. Entre otras cuestiones, establece el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones acerca del medio ambiente y la protección del derecho de las personas a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, con lo cual también incorpora compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.


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