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El secretario general de la ONU y su alta comisionada para los Derechos Humanos se han sumado a las denuncias de violencia contra líderes sociales en Colombia.

El secretario general de la ONU y su alta comisionada para los Derechos Humanos se han sumado a las denuncias de violencia contra líderes sociales en Colombia. | Foto: Twitter @donadolforivas

Publicado 20 mayo 2020



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La decisión del Tribunal insta al Gobierno a ejercer efectivamente su deber en cuanto a la protección especial de los defensores de Derechos Humanos.

El Tribunal Superior de Bogotá acordó fallar a favor del procedimiento de tutela sobre los líderes sociales de Colombia, que fue interpuesto el pasado día 10 de mayo.

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El fallo, oficializado este miércoles, dispone que a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos les asiste el “derecho a defender los Derechos Humanos”, así como que, por tal sentido, deben ser amparados por la jurisprudencia y autoridades.

Los magistrados refrendaron también que el Estado tiene un “deber especial de protección para garantizarles el ejercicio de su vital misión en la sociedad y, desde luego, sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal”.

Otras disposiciones de la resolución adoptada es el restablecimiento de la Mesa Nacional de Garantías y las mesas territoriales. El Tribunal definió un plazo de dos meses para ello y responsabilizó directamente al Ministerio del Interior, como ente gubernamental que responde por la seguridad de los ciudadanos.

El tribunal también recordó al Gobierno que la Unidad Nacional de protección (UNP) está obligada a brindar atención especial y diferenciada, cuando se reciben denuncias o existen indicios racionales, de que determinado grupo está amenazado en virtud de la labor que realiza.

En tal caso, “el Estado tiene la obligación de analizar los factores objetivos y subjetivos de cada uno de los casos, en orden a establecer, de manera diligente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan definir, si fuere el caso, medidas de protección especial que impidan que el daño se materialice”, acordaron los jueces.

Entre los postulados del fallo destaca, además, que la Corte indicó que la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) y el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), deben trabajar coordinadamente para prevenir los ataques contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, con informes periódicos sobre la situación.

Según el programa Somos Defensores, 124 líderes sociales fueron asesinados durante 2019. Alrededor de 95 más han perdido la vida a manos de la violencia, sólo entre enero y mayo de 2020, de acuerdo a los recuentos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). 


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