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Las altas cúpulas militares han intentado amilanar a quienes están suministrando información sobre las prácticas que suceden al interior del Ejército.

Las altas cúpulas militares han intentado amilanar a quienes están suministrando información sobre las prácticas que suceden al interior del Ejército. | Foto: EFE

Publicado 23 julio 2019

Los fiscales consiguieron nueve órdenes de captura contra militares y contratistas de la cuarta brigada del Ejército, en el departamento de Antioquia.

La Fiscalía colombiana dio a conocer que la investigación por los hechos de corrupción en los que está implicado el ahora retirado general Jorge Romero, va muy adelantada.

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Los fiscales a cargo del proceso consiguieron nueve órdenes de captura contra militares y contratistas de la cuarta brigada del Ejército con sede en el departamento de Antioquia.

El medio local Caracol Radio informó que entre los capturados podría figurar un coronel en retiro que se desempeñó como jefe de servicios en ese comando, en el período que el general Romero estaba designado como oficial al mando.

La Fiscalía presentará los capturados ante un juez de control de garantía para imputar cargos y solicitar una medida de aseguramiento.

El 9 de julio pasado el ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, había anunciado sanciones por el escándalo de corrupción que investigan la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público) en el Ejército.

Entre las primeras medidas decidió "llamar a calificar servicios" al general Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral del Ejército, bajo pesquisa por presuntos malos manejos de presupuesto ascendentes a mil millones de pesos, unos 310 mil dólares.

El escándalo de corrupción

Las polémicas en torno al Ejército colombiano trascienden la corrupción. Comenzaron el pasado 22 de abril con el asesinato del exinsurgente de las FARC-EP (ahora partido político FARC), Dimar Torres. Una vez conocida la muerte, Pinzón aseguró que había sido a causa de un disparo accidental de un miembro del Ejército.

Sin embargo, personas del área donde ocurrieron los acontecimientos aseguraron que se trataba de un "falso positivo", lo que llevó a Botero a cambiar su versión y confirmar que el "homicidio" lo había cometido un cabo y, supuestamente, encubierto un coronel.

El ministro, quien hasta llegar al gabinete de Iván Duque se desempeñaba como empresario en el sector privado, ha tenido un ejercicio marcado por la polémica desde que fue nombrado el 7 de agosto pasado.

La más grave de las alertas llegó cuando, el 25 de mayo, el diario estadounidense The New York Times dio a conocer una directriz operacional del Ejército que podría llevar a retomar los "falsos positivos".

Ante la gravedad de las acusaciones, el comandante del Ejército Nacional, general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, se vio en la obligación de retirar la orden, alegando que hubo una "mala interpretación" por parte de personas ajenas a la tropa.

En los aproximadamente ocho meses que lleva al frente de las Fuerzas Armadas, Martínez Espinel ha negado y blindado la infiltración de testimonios que denuncian algunos uniformados. Esa actitud hace que un amplio sector de la sociedad civil demande su salida inmediata del cargo, toda vez que el gobierno nacional lo respalda.

Las ejecuciones extrajudiciales, que los medios de comunicación llaman "falsos positivos", dejaron en el pasado cerca de 10.000 personas asesinadas, presentadas como combatientes cuando no lo eran e implican a más de 1.500 militares.

La revista Semana reveló la existencia de unos formatos con la firma de altos oficiales del Ejército —de puño y letra— en los cuales se constata el compromiso de duplicar los resultados, precisando lo logrado en 2018 y proponiendo el doble para 2019.

Los lineamientos rectores de la directiva estaban en función de tres variables: bajas en combate, capturas y desmovilizaciones. Desde el Acuerdo de Paz en 2016, en el país suramericano, han sido asesinados más de 100 excombatientes de la FARC.

Tras conocerse la existencia de los formatos, las altas cúpulas militares han intentado amilanar a quienes suministran información sobre estas prácticas al interior del Ejército, no solo presionando a los que se atreven a declarar, sino ofreciendo dinero y permisos a los delatores de esas personas.

A pesar del escándalo, el 13 de junio Botero superó una moción de censura en el Congreso por su presunta responsabilidad en la directriz y la falta de acciones para frenar el asesinato de líderes sociales y exmiembros del grupo insurgente FARC-EP. Mientras tanto, el Senado aprobó por amplia mayoría el ascenso de Martínez a general de cuatro soles.


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