América Latina contra la corrupción: los casos de Chile y Colombia

La corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se calcula que en los países del Tercer Mundo, debido a este delito, se pierda una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.

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Asimismo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.

Por tal razón, la Asamblea General de la ONU aprobó en 2003 la Convención contra la Corrupción y designó cada 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, para despertar la conciencia contra este mal que carcome las sociedades a nivel mundial.

América Latina se levanta contra la corrupción

América Latina continúa como la región con los niveles más altos de corrupción según el Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, organización que desde hace 25 años mide el grado de este delito presente en el sector público de 180 países y territorios.

Una de las razones de los estallidos sociales en todo el continente, especialmente en Chile y Colombia, ha sido en protesta contra este mal, uno de los principales causantes de que América Latina sea la región más desigual del mundo.

Chile

Según este índice Chile se encuentra en el número 26 del ránking de la corrupción a nivel mundial, lo que marca el cuarto retroceso consecutivo desde el 2014, causante del descontento social mostrado en las calles desde el 18 de octubre.

Mientras la ciudadanía chilena sufre la aplicación de políticas neoliberales, la directora general del Consejo para la Transparencia, Andrea Ruiz, confirma que los últimos 30 años los costos totales en casos públicos de corrupción en Chile, superan los 380 billones de pesos, lo que equivale a construir 35 mil viviendas sociales o 39 colegios de excelencia.

Los escándalos de corrupción sistemáticos en Chile han salpicado no solo a las empresas y los políticos, sino además a los carabineros, el Ejército y la Iglesia católica. Entre 2014 y 2017 los casos de corrupción en la política marcaron la agenda de la prensa chilena.

Tanto la coalición política de derecha, con el Caso Penta y SQM, como el propio gobierno de la expresidenta de Chile, Michellet Bachelet, con el caso Caval, estuvieron salpicados por temas relativos a financiamientos ilegales de campañas políticas y boletas falsas.

Asimismo, en 2018 se procesaron a diversas autoridades del Ejército chileno por malversación de fondos públicos, entre ellos al  excomandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, quien  está detenido tras ser acusado de malversación de caudales públicos por cinco millones de dólares. Igualmente, poco tiempo después, salió a la luz un fraude de 38 millones de dólares en las filas de los carabineros, el más grande de la historia de la nación sudamericana, por el que se investiga a más de 100 funcionarios.

Debido a lo anterior, el Estudio Nacional de Transparencia de 2018, reveló que el 79 por ciento de los chilenos consideran que los organismos públicos son “corruptos o muy corruptos”, percepción que se mantiene este 2019.

Colombia

Por otro lado, Colombia ocupa el cuarto lugar en América Latina y el 90 en el mundo en el ránking sobre corrupción de Transparencia Internacional, uno de los males que más azota al país y motivo por el cual también se protesta desde el 21 de noviembre.

En consonancia, el mismo informe Global de Corrupción evidencia que el 57 por ciento de los colombianos encuestados  cree que el Gobierno hace un mal trabajo en la lucha contra dicho delito.

De igual forma, Transparencia por Colombia dio a conocer un informe titulado, “Así se mueve la corrupción: una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 - 2018”, en el que se analiza este tipo de hechos registrados por los medios de comunicación, entre enero de 2016 y julio de 2018.

Durante la investigación la corporación detectó 327 hechos de corrupción reportados por 46 medios de prensa nacional, información ampliada y confirmada con boletines oficiales de órganos de control en los 32 departamentos del país.

También, un estudio realizado por la plataforma Monitor Ciudadano, comprobó que las principales causas son los hechos asociados a la corrupción administrativa y las irregularidades en los procesos de contratación pública, que ocupan el 46 por ciento del total de los casos.

Mientras, son los sectores de la educación, la infraestructura y la salud los más afectados frente a la corrupción nacional, lo que coincide con algunas de las esferas más sensibles para la ciudadanía colmbiana.

Asimismo, se evidencia que de los 21 casos asociados a corrupción política, las irregularidades mayormente detectadas se vinculan a nóminas paralelas con fines políticos, financiación de campañas con fuentes prohibidas, presiones a funcionarios públicos y/o contratistas para obtener votos a favor de candidatos, obstrucción de procesos de revocatoria del mandato y la Inscripción de candidatos inhabilitados para ocupar cargos públicos.

A partir de los casos de corrupción anteriores el estudio arrojó que el 19 por ciento fueron perpetrados por miembros del Partido Liberal, el 14 por ciento por el Partido de la U, el 14 por ciento por Conservadores y el 13 por ciento por Cambio Radical.

A partir de los datos anteriores que no solo afectan a estos dos países de la región, mitigar la corrupción es un asunto que compete tanto a la administración pública como a los ciudadanos. No obstante, los Estados  tienen la responsabilidad principal de crear y modificar normas e instituciones para detener la corrupción sistémica que corroe al continente.