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El funcionario ecuatoriano aseveró que el informe de las misión de observadores ha dejado al Estado en "un papel muy vergonzoso".

El funcionario ecuatoriano aseveró que el informe de las misión de observadores ha dejado al Estado en "un papel muy vergonzoso". | Foto: telesSUR

Publicado 7 febrero 2018



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El integrante del Consejo de Participación Ciudadana indicó que solo la Asamblea Nacional puede destituirlos mediante un juicio político.

El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de Ecuador, Edwin Jarrín, aseguró este miércoles que la denuncia colocada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue en defensa de la institucionalidad en el país tras los resultados obtenidos en la consulta popular realizada el pasado 4 de febrero.

"Lo que estamos defendiendo es la institucionalidad del Estado. Esto genera un antecedente nefasto para la democracia. En el 2021, el presidente que llegue va a hacer exactamente lo mismo, una consulta popular con la pregunta redactada de otra manera para echar abajo a todas las autoridades de control y poner a nuevas", precisó en entrevista para teleSUR.

La pregunta tres de la consulta promovida por el presidente Lenín Moreno planteó la reestructuración de la Cpccs y dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros. Jarrín recordó que los funcionarios del organismo no eran electos en votación popular, por lo que no estaban sujetos a la revocatoria del mandato.

"Lo natural es que nos hagan un juicio político y nos den nuestro derecho a la defensa (...) si consideran que efectivamente no hemos cumplido, el rol de la Asamblea Nacional es cesarnos en funciones y destituirnos a través de un juicio político", reiteró.

Sobre el consejo transitorio propuesto en la consulta, el funcionario destacó que le otorgarán suprapoderes para destituir a quienes integran los entes electorales, judiciales, de control y supervisión. "Es decirle al consejo transitorio que puede terminar las funciones de todos ellos".

Jarrín refirió que, en caso de un pronunciamiento y dictamen de la Corte IDH, "quedaría sin efecto la pregunta tres de la consulta popular" hasta que la Corte Constitucional ecuatoriana "rompa el silencio cómplice que ha tenido", así como el Estado deberá acatar la disposición.


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