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El proceso contra Uribe comenzó en 2018, cuando el exmandatario inició uno contra Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, al acusarle de tener lazos con paramilitares, lo cual nunca ha probado.

El proceso contra Uribe comenzó en 2018, cuando el exmandatario inició uno contra Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, al acusarle de tener lazos con paramilitares, lo cual nunca ha probado. | Foto: Prensa Latina

Publicado 11 noviembre 2021



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Con esta decisión dividida, la Corte Constitucional le mantiene la condición de imputado al expresidente colombiano.

El Tribunal Constitucional de Colombia rechazó el miércoles una tutela, o recurso de amparo, presentado por el expresidente Álvaro Uribe con la cual buscaba anular su imputación en un caso que se le sigue por manipulación de testigos y fraude procesal.

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Luego del debate en el seno del tribunal que se extendió por más de nueve horas, finalmente la decisión fue adoptada con cinco votos en contra y cuatro a favor de concederle el recurso a Uribe, lo que ha puesto de manifiesto las diferencias entre los magistrados.

Según el magistrado ponente, Alejandro Linares, se ha resuelto revocar la sentencia proferida por la Sala de Decisión penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá y en su lugar negar la acción de tutela de Álvaro Uribe contra el auto del 6 de noviembre de 2020.

El recurso presentado por la defensa del expresidente estaba basado en la imposibilidad de asemejar una indagatoria en el Tribunal Supremo con una imputación de cargos, y con ello la titularidad del hecho penal cuando un aforado renuncia a su cargo como senador, como es el caso de Uribe.

Poco antes, el martes el Tribunal Supremo había rechazado una denuncia presentada por el propio Uribe contra el senador opositor Iván Cepeda, a quien acusa de alteración de pruebas en el caso al que se enfrenta el antiguo inquilino de Casa Nariño por manipulación de testigos.

La defensa del expresidente Uribe denunció ante el Supremo que el supuesto borrador de las conversaciones que Cepeda habría mantenido con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve habría afectado a la integridad del contexto y las circunstancias que originaron la información sobre la que se inició una investigación contra Uribe.

Sin embargo, el Supremo desestimó la reclamación de la defensa afirmando que no existe deber alguno de conservar conversaciones privadas, por lo cual reclamar ese contenido bajo un principio de solidaridad con las autoridades de justicia, supone una injerencia arbitraria y proscrita en la esfera de la intimidad.

El proceso contra Uribe comenzó en 2018 cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares, lo cual nunca ha probado.


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