La violencia exhibida por grupos vandálicos desde el pasado 18 de abril en Nicaragua ha ocasionado decenas de muertos y heridos en el país, al tiempo que generaron graves daños y destrozos a diversas instituciones de la nación.
Los hechos violentos que mantienen en tensión al pueblo nicaragüense fueron organizados por sectores opuestos al Gobierno del mandatario Daniel Ortega, utilizando como excusa la reforma del Seguro Social.
Sin embargo, una vez derogada la modificación persiste la violencia y se niegan al diálogo, pese a los llamados reiterados emitidos por el Gobierno.
Si bien no es una violencia extendida en la nación, los ataques reiterados de grupos vandálicos a la ciudadanía han ocasionado grandes daños en varios ámbitos.
Según el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), el vandalismo promovido por sectores violentos ha ocasionado el deterioro de las principales vías, lo que impide el libre tránsito de la ciudadanía, además de limitar la capacidad de respuesta de equipos auxiliares en caso de que se presente una situación de emergencia nacional.
Asimismo, los ataques reiterados a centros médicos, instituciones públicas, calles y transporte han afectado la infraestructura de la nación. Incendios, destrozos, ataques con morteros son algunas de las acciones registradas en Nicaragua en las últimas semanas por parte de los manifestantes violentos.
Así amaneció la ciudad de Granada luego de ser quemada y saqueada por delincuentes financiados por la derecha golpista. #NicaraguaQuierePaz pic.twitter.com/xy1wy1mwHo
— Canal 4 Nicaragua (@Canal4Ni) 6 de junio de 2018
Otro de los sectores que se han visto afectados por estos hechos es el educativo. La quema de instalaciones como el Centro Universitario de la Universidad Nacional y las agresiones a centros de estudios obligaron a la suspensión de las clases, lo que repercute en el desarrollo formativo del pueblo nicaragüense.
Todas estas acciones han generado un costo importante para la nación. Las pérdidas materiales superan los 233 millones de dólares, alrededor del 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.
El Gobierno de Ortega ha resaltado que los sucesos violentos que sacuden al país son generados por grupos que buscan destruir la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses y ha instado, en repetidas ocasiones, a promover un diálogo que fomente la unión entre los nicaragüenses.
Tras una reunión con Ortega, la Conferencia Episcopal de Nicaragua confirmó la presentación de una propuesta de democratización para decidir si se retoma el diálogo nacional suspendido desde el 31 de mayo.
"El diálogo con el presidente transcurrió en un ambiente de serenidad, franqueza y sinceridad, en el que hemos planteado al Señor Presidente el dolor y angustia del pueblo ante la violencia sufrida en las últimas semanas y la agenda consensuada en la Mesa Plenaria del Diálogo Nacional, sobre la democratización del país", señalaron los obispos en un comunicado.
Delincuentes financiados por la derecha golpista queman las instalaciones de El Verdugo y otros negocios en la ciudad de Granada. #NicaraguaQuierePaz pic.twitter.com/H8yQynR3rF
— Canal 4 Nicaragua (@Canal4Ni) 6 de junio de 2018
El encuentro con el presidente fue solicitado por los obispos para "valorar la conveniencia" de relanzar el diálogo nacional, que la propia Conferencia suspendió.
Sin embargo, los representantes de la oposición abandonaron la mesa del diálogo por la paz luego de su reanudación el pasado 15 de junio. Ante esta situación, el Gobierno reiteró su compromiso con mantener la convocatoria para conversar con los sectores del país y llegar a un consenso que evite más hechos de violencia.
A través de un comunicado, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz advirtió que las acciones violentas han llegado a niveles insospechados de crueldad y perversidad, entre ellos, los ataques armados en contra de delegaciones policiales en Matagalpa, Masaya y Jinotepe.
>> ¿Cómo responde el Gobierno nicaragüense la violencia opositora?