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Los partidarios de Assange denuncian que a este pretenden juzgarlo por actos que todos los periodistas del mundo realizan, por lo que está en juego la libertad de expresión y prensa, más que la mera libertad de un individuo.

Los partidarios de Assange denuncian que a este pretenden juzgarlo por actos que todos los periodistas del mundo realizan, por lo que está en juego la libertad de expresión y prensa, más que la mera libertad de un individuo. | Foto: EFE

Publicado 3 enero 2021


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A menos de 24 horas de que la justicia británica decida si extradita o no a Assange, aquí le presentamos las cuestiones clave de su caso.

Este lunes el caso del periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, entrará en una nueva etapa, cuando la jueza británica Vanessa Baraitser decida si extradita o no a Assange a los Estados Unidos.

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El juicio, que duró unas cuatro semanas y terminó a principios del mes de octubre pasado, fue un intenso debate entre la acusación y la defensa sobre la libertad de prensa y sus límites, el espionaje y la seguridad nacional.

Lo que dice Estados Unidos: conspiración y seguridad nacional

La acusación, ejercida por los fiscales James Lewis y Clair Dobbin en representación de la justicia norteamericana, basó su argumentación en una presunto conspiración de Assange con el exsoldado norteamericano Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) en el 2010 y con otras personas entre el 2007 y en el 2015 para obtener y publicar ilegalmente información secreta en el portal web de Wikileaks.

Además de la acusación de la conspiración, Washington acusó a Assange de siete delitos de obtención de información de defensa nacional, nueve delitos de revelación de información y un delito más de conspiración por la comisión de intrusión en ordenadores.

Uno de los argumentos esgrimidos por EE.UU. con el fin de convencer a la magistrada fue el peligro en que Assange habría puesto a miles de confidentes del Gobierno norteamericano en todo el mundo, cosa que la defensa negó. El total de delitos por los cuales se pide la extradición del fundador de Wikileaks son 18 y podrían llegar a suponer un total de 175 años de prisión.

Lo que dice la defensa: libertad de prensa y persecución política

Por su parte, la defensa, encabezada por los abogados Mark Summers y Edward Fitzgerald, alegaron a la libertad de prensa y al derecho a la información. Además, también denunció "motivaciones ideológicas" en la persecución a Assange y rechazó la posibilidad que el activista pueda tener un juicio justo en territorio estadounidense.

Otro de los pilares de la estrategia de Summers y Fitzgerald fue la aportación de varios testigos de importancia en defensa de Assange, como el prestigioso académico norteamericano Noam Chomsky, quien defendió la lucha del periodista por la libertad de información.

También declaró la periodista estadounidense Cassandra Fairbanks, que reveló que el Gobierno de Donald Trump había negociado con Assange una posible salida de la embajada. De igual forma lo hizo el abogado español Aitor Martínez, que explicó al tribunal que en España se estaba llevando a cabo un proceso judicial contra la empresa UC Global por haber espiado presuntamente al australiano cuando vivía en la sede de Ecuador en la capital británica.

Una salud cada vez más deteriorada

El estado de salud de Assange no ha hecho más que empeorar desde los últimos años de confinamiento en la embajada y también desde su detención. De hecho, varios médicos declararon al juicio que el australiano sufría un grave sufrimiento psicológico con un elevado riesgo de suicidio.

Concretamente, a Assange se le diagnosticó síndrome de Asperger, depresión severa, trauma, riesgo de suicidio y deficiencias cognitivas que afectan a su concentración, su memoria y su expresión verbal.

Por si todo esto no fuera lo suficiente, la pandemia de la Covid-19 ha agravado todavía más su situación. Y es que la vida de Assange todavía corre más peligro a causa de una enfermedad pulmonar crónica que sufre.

Sin embargo, los brotes de coronavirus en el mismo pabellón donde está recluido no han sido suficientes para que se le concediera la libertad provisional, a pesar de cumplir con los requisitos internacionales para acceder.

Otros datos reveladores

La persecución de Washington al activista empezó a raíz de las publicaciones que Wikileaks hizo entre abril del 2010 y abril del 2011, las cuales revelaban imágenes de soldados de las fuerzas armadas de los EE.UU. cometiendo crímenes de guerra en Iraq y Afganistán, además de 250.000 mensajes diplomáticos confidenciales; y torturas y vulneraciones de los derechos humanos en la prisión de Guantánamo.

Un viaje que Assange hizo en agosto del 2010 a Suecia para dar una conferencia y pedir el permiso de trabajo y residencia acabó precipitando un proceso judicial contra él por presuntos delitos sexuales.

Dos años después, y bajo la sospecha de que todo era una estrategia de los Estados Unidos para detenerlo, Assange entró en la embajada de Ecuador en junio del 2012, después de que el país sudamericano le concediera asilo político alegando que se temía por una posible violación de sus "derechos humanos".

Desde entonces y hasta en abril del 2019, Assange vivió confinado en la pequeña sede diplomática del país suramericano en la capital británica con varios intentos por parte de su defensa para que pudiera salir del edificio mediante la diplomacia o la negociación con el Gobierno de Trump.

El cambio de Gobierno en Ecuador, que pasó de un progresista a uno derechista pro Washington, precipitó la entrada de la policía londinense en abril del 2019 para proceder a su detención.

El motivo oficial fue la plantación del activista a la justicia británica siete años atrás, cuando el Tribunal Supremo del Reino Unido aceptó su extradición a Suecia, movimiento que la defensa siempre creyó que tenía como objetivo terminar llevando al periodista ante la justicia norteamericana.

Dos meses después, el Gobierno norteamericano pidió formalmente la extradición de Assange, mientras en noviembre del mismo año, la fiscalía sueca anunciaba que archivaba definitivamente la investigación abierta por las acusaciones sexuales.

La fiscal jefe del país nórdico, Eva-Marie Persson, justificó que había pasado tanto tiempo desde los hechos que "las evidencias se habían debilitado considerablemente".


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