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Miembros de la alianza política Pacto Histórico enviaron una carta a la CIDH, en la que denuncian el proceder del Gobierno y sus partidos aliados.

Miembros de la alianza política Pacto Histórico enviaron una carta a la CIDH, en la que denuncian el proceder del Gobierno y sus partidos aliados. | Foto: Senado de Colombia

Publicado 18 marzo 2021


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La propuesta fue rechazada de forma masiva por los integrantes del Congreso colombiano por considerarla antidemocrática. 

Un proyecto de ley que pretendía la unificación de las elecciones regionales y nacionales así como la extensión de los lapsos de mandato de varias autoridades públicas, incluyendo al presidente, Iván Duque, fue rechazado este jueves de forma masiva por el Congreso de Colombia. 

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La propuesta fue presentada al ente legislativo por 25 congresistas, aunque desde hace un mes se conocía de su existencia en las federaciones de municipios y departamentos, jurisdicciones que agrupan a autoridades locales y regionales en Colombia. 

El texto toma como pretextos la "grave afectación económica", producto de la pandemia, y la necesidad de un "fortalecimiento institucional" para alargar los mandatos y periodos de las autoridades. 

Entre otras razones, el documento alega que si los lapsos de mandato aumentan de cuatro a cinco años "se reduce un proceso electoral cada 20 años, lo que representa un ahorro de 1,8 billones de pesos (unos 500 millones de dólares) por cada elección no realizada", agrega. 

Tales argumentos generaron un acalorado debate en la sede del Congreso colombiano, principalmente,  en la modificación del mandato del presidente colombiano. Legisladores, políticos, analistas, periodistas y expertos en derecho han catalogado la propuesta como una "dictadura", un "golpe de Estado" y un "asalto a la democracia" y las instituciones.

“Conservadores, Liberales, U, Cambio R. y Centro Democrático buscan ampliar períodos de todos los cargos de elección popular y órganos de control a 5 años, dejar a Duque y Congreso hasta 2024 y abrir reelección. ¡No permitiremos quiebre de la democracia!”, comentó la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, indicó que el Gobierno busca una estrategia “soterrada” para aplazar las elecciones o generar cambios vía Congreso “que impliquen que la oposición y los sectores alternativos no tengamos reglas del juego transparentes y democráticas en esas elecciones”.

Cabe destacar que los miembros del Pacto Histórico, coalición de partidos y agrupaciones políticas de izquierda, enviaron una carta de alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncian que el Gobierno y partidos aliados pretenden alterar las reglas democráticas, de cara al próximo proceso eleccionario en Colombia. 

La misiva indica que el proyecto viola el artículo 23 de la Carta Democrática Interamericana. "De alterarse el calendario electoral colombiano, más cuando ya está en curso, significaría un acto arbitrario que violaría los derechos políticos de los colombianos, particularmente de los partidos y movimientos de oposición política”, expresa el documento.

“La nueva propuesta busca aumentar el porcentaje de votación de los movimientos políticos que pueden entrar en coalición, lo cual abriría la puerta a que partidos mayoritarios se unan para impedir que expresiones políticas con menor representación en nuestro sistema democrático accedan en condiciones de igualdad al mismo", agrega. 

La carta cataloga tal accionar como una "violación al principio de no regresividad en los derechos pues pone en riesgo los principios de legalidad e igualdad efectiva y material contenidos en el artículo 23 de la Convención, porque en vez de buscar nivelar los mecanismos de acceso al sistema político, otorgaría a los movimientos mayoritarios una ventaja comparativa”, manifiestan los firmantes. 

Igualmente le solicitan a la secretaria Ejecutiva Interina de la CIDH, María Claudia Pulido, “que pueda hacer un seguimiento a estos peligrosos intentos de desestabilización del proceso electoral colombiano, de la independencia de poderes públicos y del orden constitucional e institucional en Colombia”.


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