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"El caso presentado por Venezuela a la CPI sin dudas derivará en una investigación", afirmó Delcy Rodríguez.

"El caso presentado por Venezuela a la CPI sin dudas derivará en una investigación", afirmó Delcy Rodríguez.

Publicado 6 marzo 2020


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Gobierno de Venezuela toma acciones contra las amenazas y medidas unilaterales recibidas por parte de Estados Unidos. 

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el despliegue de una campaña comunicacional internacional para exponer las medidas unilaterales y coercitivas impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela y su impacto en la población.

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En rueda de prensa, Rodríguez señaló que el pasado 13 de febrero, el canciller Jorge Arreaza visitó la sede de la Corte en La Haya y entregó el expediente de la situación venezolana a la fiscal, analizando que se trata un caso muy especial, en materia de justicia penal internacional.

“Por primera vez se presenta ante la Corte Penal Internacional un caso donde se demuestra que las medidas coercitivas unilaterales, que hoy constituyen un elemento fundamental de la política exterior de los Estados Unidos, constituyen delitos de lesa humanidad”, afirmó Rodríguez.

La portavoz agregó que se ha presentado a la Corte un “extenso informe” que incluye “confesiones” de personeros norteamericanos, sobre la realidad de Venezuela y de las acciones de EE.UU. contra dicho país.

Entre estas últimas evidencias, Rodríguez citó que en el año 2017, el presidente estadounidense Donald Trump hizo declaraciones respecto de las “opciones” que tendría la potencia norteamericana contra Venezuela, incluyendo la opción militar para agredir a dicho país.

“Pero las sanciones medidas coercitivas unilaterales también matan”, razonó la funcionaria bolivariana, al recordar que el exembajador de EE.UU. en Venezuela, William Brownfield, dijo en 2018 que “debemos tratar esto como una agonía (...) y si podemos hacer algo para acelerarlo, debemos hacerlo, pero entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas”.

Rodríguez catalogó de ilícita la política de guerra económica que lleva adelante EE.UU. contra Venezuela, por atentar contra la Carta de Naciones Unidas y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, de los que ese país es signatario.

Asimismo, la vicepresidenta recordó que son 126 instituciones, 133 funcionarios, nueve buques extranjeros, 40 buques de Pdvsa, 15 aeronaves de CONVIASA, nueve empresas estatales y 61 empresas extranjeras, que se encuentran entre los afectados por las sanciones estadounidenses.


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