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El 18 de julio fueron secuestrados cinco jóvenes activistas garífunas. Su comunidad exige respuestas sobre el caso.

El 18 de julio fueron secuestrados cinco jóvenes activistas garífunas. Su comunidad exige respuestas sobre el caso. | Foto: @CopinhHonduras

Publicado 7 septiembre 2020


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La comunidad garífuna de Punta Piedra reclama la liberación de cinco activistas. Sostienen que los secuestró el Estado.

Ante la inseguridad y la amenaza de nuevas agresiones contra sus líderes, la comunidad garífuna de Punta Piedra, en el Atlántico hondureño, reclamó nuevamente este lunes al Gobierno de esa nación centroamericana garantías para la paz y una vida digna.

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Necesitamos medidas cautelares permanentes y seguridad permanente para Punta Piedra, reclamó un vocero de dicha comunidad afrocaribeña, citado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

Este reclamo se produce tras casi 50 días de la desaparición de cinco activistas garífunas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Tróchez Cáliz y Albert Snaider Centeno Thomas, secuestrados por individuos vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones, y en medio de las denuncias que señalan que el Estado oculta sus paraderos.

De acuerdo con el vocero, la comunidad no está de acuerdo con la convivencia con invasores, en alusión a una propuesta del Gobierno de Juan Orlando Hernández para explotar los recursos naturales en la zona que, a juicio de los pobladores, profundiza la invasión a sus tierras ancestrales y daña el medioambiente.

Además de rechazar esta solución, el vocero alertó sobre los escenarios extremos que podrían derivar del actual clima de inseguridad y de la violación de las medidas cautelares dictadas en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apuntó.

En fecha reciente, la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, denunció la expulsión y destierro contra el pueblo garífuna, que se concreta mediante las denominadas zonas especiales de desarrollo, la producción masiva de palma africana y otros proyectos económicos que avala el Gobierno de Honduras y generan represión, criminalización y judicialización contra el liderazgo de dicha comunidad, aseveró.


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