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La declaración de la comisión está respaldada por más de 60 organizaciones sociales e institucionales.

La declaración de la comisión está respaldada por más de 60 organizaciones sociales e institucionales. | Foto: @convencioncl

Publicado 20 marzo 2022



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La comisión chilena destaca que la campaña de descrédito busca mantener el status quo basado en la constitución de 1980.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) rechazó la campaña de desprestigio contra la Convención Constitucional que lleva a cabo un “sector minoritario pero poderoso”.

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La declaración pública de la comisión chilena cuenta con el respaldo de más de 60 organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos, la cultura, la enseñanza, así como instituciones y administraciones locales.

En este sentido, el texto denuncia “la ilegítima campaña de descalificación, denostación y desprestigio de la Convención Constitucional (…) fundada en mentiras, caricaturas e información sesgada, desarrollada por un sector minoritario pero poderoso, que cuenta con la complicidad de los grandes medios de comunicación”.

A su vez, el documento añade que el objetivo fundamental de la campaña resulta “defender sus privilegios y el status quo que tanta afectación ha provocado a la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro país, en el ejercicio de sus derechos humanos más básicos como la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo decente”.

Al mismo tiempo, manifiesta que la Convención Constitucional constituye una muestra del derecho a la soberanía y a la libre determinación de los pueblos. Por su parte, la convención es la encargada de redactar la Carta Magna que sustituirá a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.

En consonancia con ello, el comunicado afirma que la Convención representa “un innegable logro del ejercicio del derecho a manifestación de millones de chilenos y chilenas que se volcaron a las calles a partir de octubre de 2019”.

Finalmente, la declaración convida al pueblo chileno a apoyar a la Convención, puesto que  agrupa las demandas exigidas en el estallido social del 2019 para alcanzar una Constitución que “siente las bases de una verdadera convivencia democrática, basada en la conformación de un Estado Social de Derecho, en que el eje central sea el respeto y garantía de los derechos humanos”.


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