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Unas 120 familias han sido desplazadas por la violencia entre grupos paramilitares, agudizada tras la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la entonces FARC-EP.

Unas 120 familias han sido desplazadas por la violencia entre grupos paramilitares, agudizada tras la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la entonces FARC-EP. | Foto: Twitter: Ríos Vivos

Publicado 16 febrero 2021


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La presencia de grupos paramilitares y combates en Antioquia motiva el desplazamiento forzado de unas 120 familias.

Las organizaciones sociales y campesinas del norte y bajo Cauca antioqueño, advierten sobre la agudización y gravedad de la situación de vulneración permanente de los derechos humanos en la región del municipio de Ituango en el norte del departamento de Antioquia.

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Se trata de unas 120 familias en las veredas El Quindio, Quebrada del Medio, Las Arañas y El Alto del Limón en el municipio, las cuales se encuentran en riesgo de desplazamiento o quedar en medio de combates entre grupos armados.

La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia (REDOSC) alertó que durante los últimos 10 días, tanto el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y otros grupos armados irregulares, comenzaron a asentarse en cercanías de la región.

El asesinato de dos campesinos el 4 de febrero, las acciones armadas de combates en la región, y la amenaza permanente de la instalación de minas por grupos armados en las veredas de la región, se constituyen en hechos graves que atentan contra la dignidad y derechos de las comunidades que habitan las seis veredas de la zona de Ituango.

Las organizaciones sociales llaman la atención frente al hecho de la permanente y elevada militarización de la zona, pero que a pesar de ello es evidente la desprotección de la población, que está a merced de la agresión de los grupos armados que operan en el norte Antioquia.

Más de 1200 campesinos y 20 veredas se encuentran bajo vulnerabilidad en el marco de la confrontación por el control del municipio de Ituango y la zona rural.

Los hechos violentos, según denuncia la Red de organizaciones sociales y campesinas, desbordan las acciones militares presentadas en los años más difíciles de la guerra.

Los combates entre el ejército y los grupos armados ponen en riesgo la integridad de los habitantes de la región y entre tanto sigue el incumplimiento a los aspectos definidos en el acuerdo final de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP, situación que revela la responsabilidad de la Casa de Nariño en garantizar los derechos de las comunidades y la concreción de la paz en el territorio.

La REDOSC expresó su preocupación y denunció la actitud pusilánime del estado al negar el derecho a la paz de los hombres y mujeres que padecen los rigores de un conflicto que parece no tener fin en esta golpeada región.


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