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El decreto 575 sobre apoyo militar a las fuerzas del orden público en Colombia ha despertado una gran polémica.

El decreto 575 sobre apoyo militar a las fuerzas del orden público en Colombia ha despertado una gran polémica. | Foto: Twitter @izquierdadiario

Publicado 5 junio 2021



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La corte pide al presidente de Colombia explicaciones sobre porqué ordenó la asistencia militar en regiones del país.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó el testimonio del presidente de Colombia, Iván Duque, con el fin de que dé las explicaciones necesarias por el decreto 575 de 2021, con el que se ordenó asistencia militar a Cali, Valle del Cauca y otras regiones del país.

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Esta decisión se dio luego de estudiar una tutela sobre violencia en las manifestaciones, por lo que también solicitó información sobre las investigaciones que adelantan la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo sobre este tema.

Esta corte pide al mandatario facilitarle un informe detallando las razones que condujeron al Gobierno a determinar la necesidad de desplegar a las fuerzas militares para que prestaran un apoyo temporal a miembros de la policía en la figura de asistencia.

El Tribunal también requirió informes de la Fiscalía General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo sobre las actuaciones que han desplegado por las denuncias, quejas y demás situaciones particulares que se hayan suscitado en las diferentes movilizaciones presentadas desde el pasado 28 de abril.

Concretamente a lo concerniente por los "desmanes protagonizados por los manifestantes o por los grupos infiltrados, como sobre el abuso policial contra aquellos".

A la Policía Nacional le ordenaron informar sobre las actuaciones desplegadas para garantizar el derecho a la protesta pacífica, los derechos humanos de los manifestantes y el restablecimiento del orden público.

Al alto comisionado para la Paz lo requirieron para informar sobre los avances de la mesa de diálogos con el Comité Nacional del Paro (CNP), especialmente, en lo relacionado con el preacuerdo tendiente a garantizar la protesta pacífica.

La orden se produce cuando el CNP denunció que el Gobierno colombiano no quiere negociar una salida a la crisis política y social que estalló hace 39 días, luego de la negativa oficial a firmar el preacuerdo del 24 de mayo.


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