Asesinan a familia de líderes sociales en Colombia

Este viernes, se vivió en Colombia uno de los episodios más oscuros en lo que va de los crímenes contra líderes sociales tras el asesinato de una reconocida familia ligada al activo trabajo social en su comunidad en San Lorenzo, Riosucio.

Se trata de la familia compuesta por César Díaz Tapasco, profesor y coordinador de la Institución Educativa del corregimiento de San Lorenzo, de de 33 años, y sus padres: Serafín Díaz Guevara, músico y líder social de 60 años, y María Gabriela Tapasco Bueno, de 52 años. 

El triple homicidio ocurrió a las 22H30 (hora local) en la casa de los Díaz-Tapasco, quienes fueron asesinados con armas de fuego por cuatro encapuchados, según denuncian los vecinos de las víctimas. Solo la hija del matrimonio de adultos mayores, cuya identidad fue protegida, sobrevivió logrando escapar de la escena. 

La comunidad asegura que se trata de una nueva agresión contra líderes sociales; ya van 492 asesinados desde 2016.

"La violencia ataca una vez más este territorio que ha hecho su mejor esfuerzo por superar el duelo y sanar las heridas que el conflicto armado y la violencia ha dejado sobre estas tierras" dice un comunicado publicado la mañana de este sábado por las autoridades tradicionales del Resguardo de Indígenas de San Lorenzo.

El texto, que describe a las víctimas como "una de las familias más queridas del centro poblado de San Lorenzo", dedica sentidas palabras a quienes la componían, afirmando que el legado del hijo de la familia, el profesor César Díaz "motiva a seguir adelante en esta lucha incansable por alcanzar la paz; no claudicaremos en nuestros procesos comunitarios".

Asimismo, la comunidad recuerda a Serafín Díaz, padre de la familia, como un "reconocido y talentoso músico, gran líder comunitario", y a su esposa Gabriela Tapasco como una mujer "de enormes cualidades".

"Ahora más que nunca exigiremos nuestros derechos, avanzaremos en acciones contundentes por la defensa de la vida y la integrada física de nuestras comunidades, tal y como está amparado en la medida cautelar de la comisión interamericana de derechos humanos, exigimos que cese la violencia en contra de nuestro pueblo", anuncia el comunicado, al tiempo que pide una urgente investigación y juicio a los culpables.

El Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) también se manifestó por el crimen, exigiendo a las autoridades del Gobierno de Colombia la premura en las pesquisas judiciales, como también medidas de protección y de garantía a la vida de los indígenas y líderes sociales de la comunidad.

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