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A la exsenadora le interceptaron correos electrónicos, reportes financieros e infiltraron agentes en su esquema de seguridad.

A la exsenadora le interceptaron correos electrónicos, reportes financieros e infiltraron agentes en su esquema de seguridad. | Foto: EFE

Publicado 16 agosto 2019

Piedad Córdoba fue víctima de seguimientos e interceptaciones ilegales practicados en el mandato de Álvaro Uribe Vélez.

El Estado colombiano deberá disculparse públicamente e  indemnizar a la exsenadora Piedad Córdoba por el seguimiento ilegal que realizó el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre 2005 y 2008, de acuerdo con el veredicto de un Juzgado de Bogotá. 

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La sentencia contempla que el DAS “realizó tareas de inteligencia, seguimientos y acciones tendientes a desacreditar la imagen pública de Piedad Esneda Córdoba, con propósitos prohibidos por la Constitución Política y la Ley”, y en los próximos 30 días deberán ofrecerle disculpas. 

Asimismo, el Departamento Administrativo de la Presidencia y el DAS deben indemnizarla con 240 millones de pesos, mientras que su madre, esposo e hijos recibirán cerca de 192 millones.

El Estado se defendió esgrimiendo su facultad para recaudar datos con el fin de mantener la seguridad nacional, pero el Juzgado decretó que lo conseguido con esa prerrogativa no debe usarse para desacreditar a la oposición del Gobierno.

La exsenadora colombiana se ha caracterizado por sus aportes al proceso de paz. I Foto: EFE

El funcionario judicial detalló que, desde el DAS, se promovió la publicación de información que relacionaba a la exsenadora con un grupo al margen de la Ley, buscando "desprestigiar la honra y el buen nombre", lo que derivó en una investigación penal de oficio en su contra.

Según la decisión, la opinión pública se "vio moldeada por esa estructura criminal", por lo que Córdoba fuera insultada y amenazada, afectando su calidad de vida, su integridad y la de su familia; generándole intranquilidad, angustia y perturbación.

Córdoba es una de los políticos opositores, magistrados y periodistas que fueron víctimas de seguimientos e interceptaciones ilegales durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.

A la exsenadora le interceptaron correos electrónicos, reportes financieros e infiltraron agentes en su esquema de seguridad para que el Gobierno estuviera al tanto de todos sus movimientos.


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